Violencia y Estado fallido… Pasa el tiempo y la violencia no cede, ni la delincuencia organizada da tregua, las estrategias del Estado mexicano no son contundentes

Por Alfonso García Sevilla

Son varias las estampas de violencia en contra de las autoridades de diversos ámbitos de gobierno que se han visto recientemente en varios puntos de nuestro país. El más reciente se da este fin de semana cuando al menos cinco agentes de policía de la Ciudad de México fueron fuertemente golpeados la madrugada del domingo 15 de septiembre, mientras intentaban arrestar a un conductor que dio positivo en la prueba de alcoholímetro.

Asimismo, elementos militares han sido víctimas de 126 agresiones en lo que va del año, basta recordar el lamentable suceso de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde la muchedumbre pasó por encima de los uniformados para robar combustible que brotaba de una toma clandestina. En estos dos, como en muchos otros casos más, la población civil es la que agrede a una autoridad cada día menos respetada. 

El sociólogo alemán Max Weber afirmó que el Estado ejerce el monopolio de la violencia por definición. Pero añadía que esa facultad debe cumplirse mediante un proceso de legitimación, que los subordinados aceptan el poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce o de una legitimidad racional donde los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e impersonales que deviene en sinónimo de legalidad.

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De esta manera son los cuerpos de seguridad en sus diferentes ámbitos de gobierno, los que pueden aplicar la violencia en aras de mantener el orden público. Lamentablemente, durante el presente año, según Causa en Común, una ONG que aborda las precarias condiciones con que operan las fuerzas policiales en México. En el primer semestre de este año, 235 policías municipales, estatales y federales fueron asesinados, dos más que en el mismo período en 2018, año en el que finalizó con 421 oficiales asesinados.

Asimismo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública lo confirma: en los primeros siete meses de 2019, en México han ocurrido 20 mil 135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95.8 casos por día, mientras que el feminicidio alcanza durante el primer semestre del año, 448 víctimas.

Pasa el tiempo y la violencia no cede, ni la delincuencia organizada da tregua, las estrategias del Estado mexicano no son contundentes para controlarla, mucho menos erradicarla, poniéndonos así en riesgo de caer en lo que se denomina “Estado Fallido”, el cual se puede definir como:

“Entre las prioridades más características de los Estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia –y tal vez inclusión de la destrucción– o que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los Estados fallidos es que son estados forajidos, cuyas cúpulas se desentiende con desdén del derecho y los tratados internacionales” (Chomsky, 2007, p. 49).

Aunado a ello, nuestro país enfrenta una grave crisis en materia de protección a los derechos humanos de la población, la impunidad y la corrupción son dos factores que impiden la justicia, por lo que vale la pena preguntarse si estamos viviendo en el inicio de un Estado Fallido.

Politólogo, profesor universitario y miembro del Claustro Académico del ITEI

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