El Centro Nacional de Identificación Humana estaría a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda y tendrá competencia en todo el territorio nacional

Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se crea el Centro Nacional de Identificación Humana, que estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda y tendrá competencia en todo el territorio nacional.

El dictamen, aprobado con 117 votos a favor y turnado al Ejecutivo Federal, otorga a la Comisión Nacional de Búsqueda mayores atribuciones, entre las que destacan: diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana en coadyuvancia con las comisiones locales de búsqueda, la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Especializadas y las instituciones que presten servicios forenses. 

Dicho Centro estará interconectado y compartirá información con el resto de las instancias que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para evaluar el cumplimiento de la implementación del Centro Nacional y coadyuvar para el logro de sus objetivos.

El proyecto de decreto reforma diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, aseguró que este dictamen es un avance en la lucha de las víctimas por encontrar a sus seres queridos, familiares que con sus propias manos y medios buscan en todo el territorio nacional todos los días a sus desaparecidos.

Recordó que, de 2018 a la fecha, hay 30 mil personas desaparecidas de quienes no se sabe nada y cuyas familias los buscan todos los días sin encontrar respuestas.

Según datos del Gobierno Federal, refirió, en los institutos forenses y en las morgues, en este país hay 52 mil cuerpos sin identificar, por ello, “esta lacerante realidad debe ser atendida desde el Poder Legislativo.”

Para la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, el proyecto se finca en el reconocimiento de los derechos de toda persona a ser buscada y a la identificación humana, establecidos en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, instrumento rector de la política en la materia cuyo cumplimiento es obligatorio para toda la Administración Pública Federal.

Comentó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022, hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales, 99 mil 80 personas no han sido localizadas. 

Además, “datos del mismo registro, arrojan que de las más de 144 mil personas que han sido localizadas, 9 mil 827 se han encontrado sin vida”.

Rivera Rivera afirmó que la información forense está fragmentada o incompleta, por lo que resulta fundamental crear una política pública nacional en materia forense con enfoque diferenciado para las personas desaparecidas.

Con la aprobación del dictamen, la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá la tarea de recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar, con fines de identificación humana, los cuerpos, restos humanos y muestras óseas con fines de procesamiento genético; así como resguardar, a través del Centro Nacional, la información tendiente a la identificación humana.

Podrá, además, solicitar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, servicios forenses o periciales, Fiscalía, Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas, incluida la de identificación de cuerpos y restos humanos que tengan bajo su resguardo, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales.

De acuerdo con el dictamen, la Comisión Nacional de Búsqueda también realizará campañas de toma de muestras referenciales con fines de procesamiento a nivel nacional, que permitan recabar información genética de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas, sin necesidad de denuncia.

Y emitirá los lineamientos que regulen el procesamiento de la información proporcionada por la Fiscalía General de la República, las Fiscalías y demás autoridades competentes; coordinará la operación del Centro Nacional en términos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; inspeccionará centros de resguardo, cementerios, fosas comunes y todo sitio en el que se encuentren cuerpos o restos humanos e indicios biológicos sin identificar.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, consideró que el tema que se discute es de los más dolorosos de la agenda nacional, ya que cada año desaparecen ocho mil personas, sin que se investigue de manera adecuada; agregó que las fiscalías estatales son un obstáculo para la justicia de las víctimas, al igual que la General de la República.

En su intervención, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, expuso que la búsqueda de personas es complicada debido a la carencia de un área específica de identificación humana, por lo que celebró la creación del Centro, pues allana el camino de la procuración de justicia en la materia, y consideró que es un acto importante hacia la verdad, la justicia y la paz.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, precisó que desde 2006, México se convirtió en una kilométrica fosa clandestina, derivado de la estrategia de seguridad implementada por la administración en turno. 

Agregó que la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal informó que se encontraron 559 fosas clandestinas en 2020, solo 300 menos que en 2019, por lo que reconoció la creación del Centro Nacional que ayudará a una búsqueda efectiva de personas desaparecidas y dará un trato digno a los restos y cuerpos humanos sin identificar.

Por el PRI, la senadora Verónica Martínez García subrayó que las modificaciones que se aprobarán servirán para crear un Centro Especializado, el cual es un gran avance para un país donde hay 99 mil personas desaparecidas, en el que 23 más desaparecen diariamente y más de 52 mil cuerpos sin identificar.

En tanto, la senadora del PVEM, Graciela Gaitán Díaz, denunció que en México la desaparición de personas es una lucha social y familiar, que se ha tratado de contrarrestar con la tipificación y regulación para la búsqueda de los seres humanos; no obstante, dijo, día a día aumenta el número de personas desaparecidas y no localizadas.

En su intervención, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, comentó que con este instrumento la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá la posibilidad de ser más efectiva en sus acciones, por lo que también es importante fortalecerla y darle más recursos humanos, materiales y financieros.

Por su parte, el senador del PAN, José Alfredo Botello Montes, anunció el voto a favor del dictamen, pero consideró necesario atender el tema del presupuesto para que sea afectiva la búsqueda de personas desaparecidas, pues resaltó que en México existen, de acuerdo al Registro de Personas Desaparecidas, 100 mil ciudadanos en esta situación y otros 10 mil están muertos.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció que, si bien esta ley representa un avance fundamental, no se debe escatimar en los recursos para que el Centro Nacional de Identificación Humana pueda operar de manera correcta.

La senadora de Morena, Nestora Salgado García, recordó que el dictamen surge de una iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que demuestra que este gobierno es el primero en reconocer que hay una crisis en materia de desaparición forzada y además atiende las demandas de los colectivos que buscan a sus familiares.

La Asamblea rechazó las propuestas de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, y del senador Emiliano Álvarez Icaza, que buscaban modificar el artículo sexto transitorio, a fin de dotar con mayores recursos económicos a dicho Centro, por lo que esta disposición se aprobó en los términos del dictamen. 

Posteriormente y por separado, el Pleno del Senado aprobó un acuerdo, signado por los integrantes de la Mesa Directiva y el senador Álvarez Icaza, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que considere los recursos presupuestales necesarios para la puesta en marcha y operación del Centro Nacional de Identificación Humana. 

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