Save the Children ha pedido a las autoridades mexicanas investigar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa Mariana Rodríguez, por trata de personas

En lo que ya se conoce como Caso Nuevo León, la organización internacional Save the Children, ha pedido a las autoridades mexicanas investigar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, por trata de personas, luego que sustrajeran a un bebé por unos días del albergue del DIF Capullos.

“Nos pronunciamos sobre el permiso de convivencia para que un niño que se encuentra bajo la tutela del Sistema DIF permaneciera por unos días con el Gobernador del estado de Nuevo León y con la titular de la oficina de AMAR en Nuevo León”, manifestaron por medio de un comunicado.

Además alertaron que “casos como el ocurrido, deben llevarnos, a sociedad y gobierno, a recordar la importancia de los sistemas de protección a niñas, niños y adolescentes y la necesidad de fortalecerlos”.

Abundaron: “Las niñas y niños que están en Acogimiento Residencial, es decir, que viven en Centros de Asistencia Social, han perdido los cuidados familiares debido a situaciones graves como violencia, orfandad, abandono, negligencia, entre otros. Se trata de niñas y niños que han atravesado o están atravesando por una situación de vulneración de sus derechos, lo que requiere que el Estado les proporcione todas las medidas de protección especial para garantizar la restitución de los derechos que les han sido vulnerados, incluyendo su derecho a vivir en una familia, y evitar que sean revictimizados”.

Lo anterior luego que el gobernador de extracción del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y su esposa difundieran en sus redes sociales la “adopción” por unos días del bebé, del que dieron su nombre, su estatus en el albergue y además no cuidaron su identidad física.  

“También debemos recordar que las niñas y los niños tienen derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales. En este caso, estos derechos fueron violados ya que el rostro del niño fue difundido mediante un video, en el que además de revelar su identidad, se dio a conocer información sobre su situación de salud. Asimismo, al haber sido difundido por personas que hacen uso de las redes sociales con fines políticos y mercantiles, es posible la configuración de otros delitos que tienen que ver con la explotación de la imagen del niño”, resaltaron.

Además advirtieron que “de acuerdo con la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), las familias de acogida ​​tienen la función de brindar cuidado, protección, crianza con ternura y bienestar para las niñas y niños, por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente de familia para las niñas y niños. Pero para ser familia de acogida se requiere una certificación, es decir, cumplir con diversos requisitos que garanticen que las familias efectivamente puedan garantizarles protección a las niñas y niños.

“ El hecho de que alguna persona que no tiene una relación familiar con ellas y ellos, los lleve a su casa o los tenga bajo su cuidado solo por un fin de semana o por unos cuantos días, puede representar un impacto emocional negativo ante las expectativas que generan los pequeños desde muy temprana edad, pues las niñas y niños necesitan estabilidad, apego, y construir vínculos afectivos con las personas con las que conviven.

“Asimismo, es necesario destacar que, de no cumplirse con los procedimientos establecidos, es mayor el riesgo de que no se logre garantizar que las familias de acogida o de adopción sean las adecuadas para que efectivamente puedan brindar protección, seguridad y amor a las niñas y niños”.

Destacaron que en el Caso Nuevo León “se encuentra la posible configuración de delitos contra las niñas y niños en acogimiento o adopción, tales como el delito de trata con fines de explotación comercial, sexual, trabajo forzado, entre otros”.

Se pronunció porque se investigue cualquier caso en el que exista una presunta violación a los procedimientos establecidos por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros instrumentos normativos y reconocieron el que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del DIF ya haya atraído el caso para iniciar la investigación.

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