Tras advertir que Poder Judicial subsiste con un lápiz, un bolígrafo, un hilo y una aguja, Armando García Estrada advierte que Reforma Judicial extermina el equilibrio de poderes

“¿Dónde fue el quiebre o en qué momento se inició la duda razonable del quehacer de los juzgadores, cuándo se dejó de cumplir con las obligaciones constitucionales para designar jueces y magistrados o cuándo inició el olvido y desaire al servicio civil y judicial de carrera?”.

Así es como lo cuestiona el magistrado Armando García Estrada en torno a la Reforma Judicial que se aprobó, en su primera etapa, en el Congreso del Estado.

No obstante, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es categórico al advertir que dicha reforma va encaminado a “exterminar lo poco que queda del equilibrio de poderes”, por lo que señala que eso provocaría “destruir toda posibilidad de aspirar algún día al Estado de derecho”.

En entrevista, el magistrado recordó que sus funciones como juzgador son análogas a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), de acuerdo a la reforma a los artículos 65, 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, esto a pesar que reconocen al Tribunal de Justicia Administrativa como independiente.

García Estrada recordó a sus mentores Jorge Humberto Chavira Martínez, y Guillermo Reyes Robles y con ello sus conocimientos sobre el estado de derecho y la aplicación de la justicia.

Con una carrera judicial desde 1988, el magistrado advirtió que “la Reforma al Poder Judicial está encausada a exterminar lo poco que queda del verdadero equilibrio de poderes”.

Por lo anterior, recordó los argumentos de Montesquieu, mejor conocido como Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu: “Que el Poder detenga al Poder”.

Frente a las denostaciones y acusaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial en torno al quehacer del Poder Judicial, García Estrada defendió: “Si alguien ha cumplido a pesar de la escasez del avance de la tecnología (expedientes apilados, encimados, derramados en el suelo e incluso carencia hasta de una silla para cumplir con las labores, papelería escasa, una descomunal carga de trabajo y un reducido grupo de mujeres y hombres que entregan vida y salud pero sobre todo su compromiso a los justiciables), a pesar de no contar con un presupuesto constitucional y por ende carecer de autonomía para la toma de decisiones, ha sido el Poder Judicial”.

Denunció que este poder fue invadido por personajes que no cumplieron en algunos casos con lo que manda el numeral 116 d la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 de la Constitución del Estado de Jalisco,

“Pero sobre todo carentes del servicio civil y judicial de carrera porque se ha privilegiado el nepotismo, el amiguismo, y tal vez como dijera don Juan Carlos Rodríguez Sánchez en radio pasillos, se habla en los últimos 12 años especialmente del pago de cuotas políticas donde no caben por razones obvias y no se ha cumplido con los requisitos necesarios para hacer la designación de jueces y magistrados”, acusó.

Posteriormente, el juzgador cuestionó: “¿Dónde fue el quiebre o en qué momento se inició la duda razonable del quehacer de los juzgadores, cuándo se dejó de cumplir con las obligaciones constitucionales para designar jueces y magistrados o cuándo inició el olvido y desaire al servicio civil y judicial de carrera?”.

Manifestó que en la elección de juzgadores lo único que se requiere es se lleve a cabo desde lo que mandata la Constitución por lo que “quien o quienes deben elegir deben de ser garantes y no simuladores de un estricta y objetiva imparcialidad para elegir los mejores perfiles a la carrera judicial”.

Subrayó que la temporalidad de los juzgadores no debe estar acotada a ciertos años porque la expertiz y la sabiduría son hijos de la experiencia”.

Se pronunció en contra del ingreso al quehacer judicial a juzgadores que “nunca pronunciaron una sola sentencia de su conciencia, de su conocimiento jurídico y por el dominio del derecho contra actuaciones judiciales”.

En cuanto a los exámenes de control de confianza que se aplicarán a magistrados y jueces, manifestó que nacieron para el tema de la seguridad, que hoy está en crisis.

“Por ello el control de la confianza debe estar acotado a los principios que manda o mandaba la Ley de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, hoy Ley General del Sistema de Seguridad Pública”, expresó.

Pero también se cuestionó: “No encuentro justificación alguna para aniquilar la escasa autonomía e independencia del Poder Judicial, mediante la aplicación del examen de control y confianza”.

Asimismo, el magistrado puso la dujda: “Será importante conocer bajo qué técnicas, cual tecnología, y qué peritos ajenos a los poderes políticos y fácticos del estado, serían los responsables de la aplicación de estos exámenes para que garanticen una verdad histórica, evidenciada, transparente y ajena a influencias externas para evitar que sea el subterfugio o el velo para injustificadamente y solo por revancha política se destruya toda una vida entregad al trabajo como juzgador”.

El magistrado Armando García Estrada manifestó que una verdadera reforma al Poder Judicial sería entregarle un presupuesto constitucional y la Hacienda Judicial.

“Lo esencial de la Reforma debe ser un presupuesto constitucional y el manejo de la Hacienda Judicial, que son el único mecanismo constitucional para lograr la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces en la toma de sus decisiones jurisdiccionales”, externó.

Al reprochar el trato que han dado los poderes Ejecutivo y Legislativo al Judicial, García Estrada indició que las cargas de trabajo son ex legue, inhumanas, y eso provoca que la justicia no cumpla con los perfiles de prontitud, expertiz y certeza.

“Es imposible que once personas en promedio y en ocasiones menos atiendan un promedio de 3 mil a 5 mil asuntos por año, a los que se suman una carencia de mobiliario y de equipo de tecnología acorde al avance de la modernidad en el siglo XXI, los avances en la ciencia médica, la aeronáutica, y los grandes ferrocarriles dotados con tecnología de punta son el antagonismo del Poder Judicial en Jalisco y del país porque en más de las ocasiones los expedientes se encuentran desparramados en el suelo, por la falta de digitalización de los mismos”.

Abundó: “En pleno siglo XXI como hace 120 años, el Poder Judicial sigue subsistiendo con un lápiz, un bolígrafo, un hilo y una aguja, esto creo sería la deuda más grande que tienen los otros dos poderes al Poder Judicial por no haberle otorgado capacidad económica y financiera permitiéndole constitucionalmente cuando menos un porcentaje el 3 por ciento del Presupuesto que ejerza el Ejecutivo”.

Consideró que el Presupuesto Constitucional sí sería una reforma de gran calado a la Reforma Judicial y además “esto permitiría una constante capacitación y actualización jurídica no solo para los juzgadores sino para todo el personal, lo que haría eficiente y eficaz el servicio de justicia”.

Al preguntarle sobre la cancelación del haber de retiro para magistrados, no dudó en tacharlo como anticonstitucional, dado es un derecho mandatado por el artículo 61 de la Constitución del estado, “pues no debe olvidarse que los juzgadores tienen prohibición expresa de cualquier otra actividad laboral e incluso la académica debe de ser ejercida altruistamente”.

Para García Estrada, “hoy se exige mucho al Poder Judicial a base de agresiones y denostaciones mediáticas” pero lo que “se requiere es fortalecer al Poder Judicial en todos sus ámbitos, en especial en el Presupuesto Constitucional, Hacienda Judicial y otorgarle su patrimonio inmobiliario y mobiliario para que deje de recibir en comodato o en arrendamiento los bienes y servicios y se elimine la intromisión de los poderes fácticos en el quehacer jurisdiccional”.

Por destacó que “el respeto al equilibrio de poderes nunca debe perderse o aniquilarse, esto sería como destruir toda posibilidad de aspirar algún día al Estado de derecho donde todos los poderes del Estado respeten, cumplan, y hagan cumplir la cultura de la legalidad guste o no”.

UN JUZGADOR DE FRENTE AL PODER

A parte de los mentores mentores Jorge Humberto Chavira Martínez, y Guillermo Reyes Robles, el magistrado Armando García Estrada aprendió de magistrados como Manuel Higinio Ramiro Ramos, Raúl Acosta Cordero, Alfredo González Becerra, Ernesto Garabito, Rafael Covarrubias Flores, Salvador Cantero Aguilar, “son hombres que forjaron mi entendimiento al trabajo  en el Poder Judicial para conocer desde sus entrañas y siempre bajo el principio del respeto absoluto al debido proceso de cualquier materia pero sobre todo una grata experiencia de aprender a juzgar como todos ellos lo hacen con una gran pericia jurídica”.

Cuenta que dese 1988 ingresó al Poder Judicial y desde esa fecha “he transitado sin nunca haber recibido sanción alguna  por mi quehacer como juzgador, salvo la opinión de gente tal vez con fobia injustificada por no conocer realmente a la persona cuya única entrega y dedicación ha sido la de ser un juzgador de compromiso y de respeto absoluto al principio de legalidad, lo cual a muchos que viven el ejercicio del poder público incomoda, molesta porque velan por sus intereses personales y en esa búsqueda de una popularidad política”.

Tras afirmar que es un juez y magistrado con absoluta autonomía e independencia en sus decisiones judiciales, “nunca he sido afín a ningún partido político y menos haberme registrado a algún instituto político, y claro no tengo por obviedad ninguna detención o privación de la libertad por falta alguna a la ley y al Bando de Policía y Buen Gobierno, mucho menos he cometido delito alguno”.

Además ha advertido no haberse “visto en la necesidad de buscar el ejercicio del poder político y económico para borrar mi pasado, del cual hasta el día de hoy me siento satisfecho de lo que he escalado en el servicio judicial de carrera y donde nunca he causado un mal a persona alguna”.

Se califica como un riguroso al amparo y protección de la ley para “hacer cumplir mis decisiones judiciales conforme al artículo 57 de la Constitución Estatal y análogo al 17 del código Supremo de la Nación lo cual es una situación que incomoda a muchos que ejercen el poder político porque yo sí cumplo con la protesta de ley que manda la Carta Magna”.

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