Carlos Lomelí denuncia infiltración gubernamental en marcha del agua, exige intervención de la FGR y advierte que la crisis tardará casi tres años en resolverse
En rueda de prensa, el presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, acusó al gobierno estatal de enviar provocadores vestidos con camisetas de fútbol para vandalizar la manifestación del pasado 18 de octubre y desacreditar el reclamo ciudadano.
Durante su pronunciamiento, el dirigente exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones, responsabilizó al gobernador Pablo Lemus por la crisis hídrica y emplazó a la Secretaría de Salud a «dejar los escritorios» para atender los brotes de conjuntivitis y padecimientos derivados del agua contaminada en las colonias.
INFILTRADOS EN LA MARCHA DEL 18 DE OCTUBRE Y PETICIÓN FORMAL A LA FGR
Carlos Lomelí Bolaños denunció públicamente que la marcha del pasado 18 de octubre fue objeto de un montaje orquestado por el propio gobierno de Jalisco para criminalizar la protesta pacífica de las familias tapatías.
De acuerdo con sus declaraciones, las autoridades permitieron la presencia de provocadores con la intención de destruir comercios y edificios públicos para fabricar las fotografías que necesitaban para tachar a los manifestantes de «vándalos».
«Mandaron a vestir a los infiltrados con las camisas del equipo de fútbol como si eso diera identidad o legitimidad en la marcha», afirmó Lomelí Bolaños, señalando que mientras la ciudadanía marchaba en orden con niños y mascotas, un grupo reducido ejecutó actos de violencia bajo la complacencia oficial.
El dirigente detalló que sobre la Calzada Independencia fueron detenidas varias personas a bordo de una camioneta sin placas y con reporte de robo, acusadas de provocar daños en la puerta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Sin embargo, denunció que dichos individuos fueron liberados rápidamente tras ser procesados solo por faltas menores («daños a las cosas»), a diferencia del trato represivo aplicado a ciudadanos durante la protesta del 11 de octubre.
«Nadie de las y los ciudadanos que se manifestaron dijeron conocerlos, ni pidieron la liberación de los detenidos», aseveró Lomelí.
Asimismo, cuestionó abiertamente: «¿Quiénes son las personas de esa camioneta? ¿Y por qué la fiscalía del estado no ha informado nada? ¿Por qué un ciudadano que protesta se le trata como delincuente y quienes dañan a un edificio del Poder Judicial se les permite salir o irse? ¿Quién les dio la orden de soltarlos?».
Frente al silencio e inacción de las autoridades locales, confirmó que ya se cuenta con un oficio listo desde el Senado de la República para solicitar formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el expediente completo y esclarezca la cadena de mando.
«Que se investigue a fondo si hubo personas infiltradas en la marcha. Sí las hubo, quién los envió y quién les pagó», sentenció.
SOLUCIÓN HÍDRICA TOMARÁ 2 AÑOS Y 8 MESES
En relación con el desabasto y la calidad del agua, Carlos Lomelí sostuvo que la solución técnica para restablecer un suministro confiable en los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara tomará «por lo menos 2 años, 8 meses», debido al abandono de la red y la obsolescencia de las cuatro plantas potabilizadoras.
El líder morenista expuso que los tapatíos continúan recibiendo agua «turbia, fétida y con sedimento», recordando que la problemática acumula denuncias desde el año 2020, recomendaciones de derechos humanos en 2022 y alertas por bacterias coliformes desde 2025.
Lomelí dirigió un reclamo directo al sistema de salud estatal por mantenerse al margen de los reportes por padecimientos gastrointestinales, afecciones en la piel y cuadros de conjuntivitis registrados en colonias como Echeverría, 5 de Mayo, 18 de Marzo y Cruz del Sur.
«Es tiempo de que la Secretaría de Salud deje los escritorios, saque a los médicos a las colonias que están padeciendo por el mal uso del agua y que monten carpas que acerquen a la ciudadanía los sistemas de salud», enfatizó Lomelí Bolaños, solicitando la instalación urgente de brigadas de investigación epidemiológica en campo.
SEÑALAN RESPONSABILIDAD DE PABLO LEMUS
Durante sus declaraciones, Lomelí responsabilizó políticamente de la crisis hídrica al gobernador Pablo Lemus, al Ayuntamiento de Guadalajara y a la directiva del SIAPA.
Acusó que el gobierno local pretendió aprovechar la emergencia para impulsar esquemas de financiamiento privado de hasta 39 mil o 48 mil millones de pesos a pagar en plazos de 18 a 25 años, lo que representaba un endeudamiento severo para la entidad.
En contraste, resaltó la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció la asignación de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos en recursos federales directos para la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, evitando la contratación de deuda o créditos con intereses a largo plazo.
Lomelí contrapuso este apoyo federal con los acontecimientos del 11 de octubre, donde afirmó que la marcha ciudadana fue reprimida y que los detenidos fueron llevados a Casa Jalisco —a la que calificó como una «mazmorra»— para ser agredidos antes de su traslado a Puente Grande.
Finalmente, aseguró que desde su trinchera mantendrá una supervisión rigurosa sobre el destino de los fondos públicos asignados a las obras hídricas.
