De “muy preocupante” calificó el Comité Contra la Tortura de la ONU la práctica de este delito en México por lo que existe una alta incidencia de esta violación a derechos humanos

La práctica de la tortura en México es “muy preocupante”, así lo sentención el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés). Los expertos advirtieron de una muy alta incidencia de esta violación a los derechos humanos.

El Comité asegura que, aunque toma nota de que la tortura no es una política de Estado, informes internacionales y nacionales documentan “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.

Por ello, demandan al Gobierno «pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura».

Demandó: “Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas”.

También preocupa que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales.

El CAT presentó las recomendaciones finales a la evaluación que llevaron a cabo los expertos en tierras mexicanas el 25 y 26 de abril pasados. En dicho informe el organismo internacional da un plazo de un años, al 17 de mayo del 2020, para presenta una primera respuesta a las recomendaciones.

Se instó a reformar el tipo penal del delito de tortura de los artículos 24 y 25 de la Ley General “para que incluya expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de un tercero”.

El CAT lamentó que el Estado mexicano no le haya dado información completa sobre el número de denuncias por actos de torturas y malos tratos registradas durante el periodo en examen.

Según los escasos datos presentados por la delegación, en 2013 hubo 870 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 las quejas por tortura fueron 466 y 40 por malos tratos. En 2013 se registraron 42 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y 32 en 2018.

Las quejas (sin especificar) registradas contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron 3 mil 569 en 2013 y mil 216 en 2018. Y respecto de la Secretaría de Defensa Nacional, únicamente se indica que entre 2013 y 2018 esta institución fue objeto de 22 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 11 de ellas por tortura y malos tratos.

“El Estado parte no ha presentado dato alguno relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada sobre las quejas registradas, las instancias ante las que se presentaron dichas quejas o el órgano encargado de su investigación. El Comité tampoco ha recibido la información solicitada sobre las medidas adoptadas por el Estado parte en respuesta a las 18 recomendaciones por violaciones graves emitidas durante el periodo objeto de examen por la CNDH en casos de tortura y malos tratos y que se dirigieron principalmente a la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Marina y la FGR. El Comité lamenta que aún no se haya creado el Registro Nacional del Delito de Tortura, previsto en la Ley General contra la Tortura”.

Asimismo, tampoco se dio información sobre las sentencias dictadas en el fuero estatal, aunque los datos que figuran en el Censo Nacional de Procuración de Justicia de 2017 elaborado por el Inegi, indican que sólo en el año 2016 se registraron un total de 3 mil 214 denuncias de tortura y malos tratos y de éstas sólo ocho fueron enjuiciadas.

El Comité toma nota de que el gobierno está trabajando en la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, pero lamenta que no hayan respondido a las denuncias de “falta de diligencia en la investigación”. Tampoco ha recibido estadísticas actualizadas de los casos de desapariciones pendientes de resolución y de restos humanos aún sin identificar.

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