La efímera intentona de Rubén Rocha Moya por recuperar el gobierno de Sinaloa duró apenas unas horas antes de toparse con la fría e implacable distancia de Palacio Nacional
La política nacional se alimenta de gestos, pero hay silencios y distancias que pesan más que una sentencia judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido poner de manera definitiva tierra de por medio con Rubén Rocha Moya. Lo que ocurrió en Palacio Nacional no fue un simple deslinde de agenda; fue un portazo absoluto e inapelable que le cierra formalmente las puertas a cualquier intento de retorno al poder sinaloense.
El efímero retorno y el frío desdén de Palacio
La crónica de este colapso político comenzó el viernes pasado, cuando Rocha Moya anunció que retomaría sus funciones como gobernador. La audacia le duró apenas poco más de 24 horas: acorralado por el rechazo público, tuvo que revirar y solicitar una segunda licencia de urgencia.
La respuesta de Sheinbaum desde su conferencia matutina desnudó la absoluta soledad política del mandatario con licencia: «Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar».
Con una frialdad quirúrgica, la Jefa del Ejecutivo federal sentenció que el intento de retorno «no parecía pertinente, por decir lo menos». Por si quedaban dudas sobre el aislamiento de Rocha Moya, la Presidenta confirmó que no ha mantenido comunicación alguna con él, mientras que la Secretaría de Gobernación se apresuraba a emitir un comunicado aclarando que la intentona fue una decisión estrictamente personal en la que el Gobierno de México no tuvo ninguna participación.
La sombra del Departamento de Justicia y la FGR
El fondo de esta fractura no es un simple desacuerdo administrativo. Sobre los hombros de Rocha Moya pesa una lápida de sospechas internacionales de la más alta gravedad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusándolo de haber auxiliado a la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
Sheinbaum fue clara: aunque la presunción no equivale a una acusación judicial formalizada —tarea que recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR)—, las investigaciones federales siguen abiertas y activas contra el Gobernador con licencia y otros nueve funcionarios públicos señalados por Washington.
Para el movimiento de transformación, la Presidenta invocó un estándar ético insalvable como advertencia general: «Debe haber ante todo honestidad, honradez y, lo más importante, entrega al pueblo y a la patria, no hay nada por encima de ello, nada».
Sinaloa ante la clausura de un ciclo
La Presidenta no solo descalificó la pertinencia de la vuelta de Rocha Moya; clausuró de facto su período. Sheinbaum dejó en claro que no procede la desaparición de poderes porque las instituciones del Estado siguen en funciones de manera autónoma. En su lugar, el Congreso local debe designar de inmediato un gobernador interino que asuma la conducción del estado hasta el fin del período, el 31 de octubre de 2027.
La ruta crítica para Sinaloa está trazada: garantizar la gobernabilidad y asegurar que las elecciones de junio del próximo año se lleven a cabo en paz y de manera adecuada.
Para Rubén Rocha Moya, el veredicto político ya ha sido dictado desde la capital del país: el poder estatal se le ha escurrido definitivamente de las manos, dejando tras de sí un vacío que el Congreso de Sinaloa debe llenar con urgencia bajo criterios de honestidad, capacidad y entrega.
