Al presentar el estudio sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones sobre Personas Migrantes, la CNDH advirtió que la política migratoria está en la incertidumbre

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó que la política migratoria en nuestro país vive momentos de incertidumbre, ya que las ideas y sentimientos de supremacía y los discursos de odio y xenofobia prevalecientes en las políticas públicas y en la cultura de la sociedad deben erradicarse, y debe darse especial atención a niñez y adolescencia en contexto de migración, separación de familias, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, connacionales repatriados, solicitantes de refugio y víctimas del Desplazamiento Forzado Interno (DFI).

De manera especial la CNDH llamó la atención sobre las personas en contexto de migración internacional en su tránsito por México, sobre todo niñez acompañada y no acompañada, que requiere un abordaje prioritario y urgente en política pública; la frecuente detención de personas de la comunidad LGBTTTIQ en dicha situación, y connacionales que han sido repatriados, campo que hay un vacío en las políticas públicas que sistematicen todos los programas de apoyo (federales, estatales y locales) para brindarles acompañamiento desde que retornan hasta su integración en una comunidad desde los enfoques social, económico, político y cultural.

Puso énfasis en el problema que representa la separación de familias en Estados Unidos como consecuencia de la campaña “tolerancia cero”, que deja a niñez y adolescencia bajo custodia del Estado mientras los adultos son sometidos a juicio, práctica a la que se opone la CNDH porque pone en entredicho el derecho de las personas a la unidad familiar y el interés superior de la niñez, por lo cual se promueve la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenga como resultado el respeto a los derechos de todas las familias migrantes y de sus integrantes en los Estados Unidos.

En relación con el Sistema de Protección Internacional en México, la CNDH subrayó la importancia de hacer vigente el derecho humano al refugio, y sobre el Desplazamiento Forzado Interno dijo que se requiere el reconocimiento institucional de su existencia mediante un marco legal que dé certeza a las víctimas y señale las obligaciones y competencias de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Para la CNDH, las comunidades migrantes enriquecen la vida y el progreso de los países, no solo en lo material sino en la voluntad, empeño y dedicación para contribuir a la prosperidad integral de las naciones, y en ese sentido, refrenda su interés y compromiso porque los instrumentos jurídicos que emite conlleven una estrategia particular de difusión con el propósito de impactar a las autoridades, sociedad civil y academia la importancia de su cumplimiento y promoción.

Así lo dio a conocer el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional, Édgar Corzo Sosa, al presentar el “Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017 sobre Personas Migrantes”, elaborado por la UNAM y este Organismo Nacional, en el cual se establece que este documento, herramienta de análisis e investigación científica, puede contribuir a la creación de políticas públicas, buenas prácticas y marcos legales que promuevan el respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

Puso en relieve que del Estudio se advierte que el cumplimiento e impacto de la Recomendación General sobre estaciones migratorias y los informes sobre secuestro y niñez migrante constituyen un gran desafío, sobre todo en el ámbito de las entidades federativas. Hace falta más difusión de los documentos emitidos por la Comisión Nacional, así como mayor involucramiento de las autoridades a las que van dirigidos en el cumplimiento de los mismos.

Señaló que, en complemento de este Estudio, están en elaboración otros documentos como el Informe Especial sobre Estaciones Migratorias, Estudio sobre Protección Internacional de las Personas Migrantes en México, Informe sobre la Zona Sur y el Estudio sobre Personas de Origen Mexicano en Retorno, y refirió que la realización del Estudio presentado se promovió para determinar y enriquecer los modelos de medición de cumplimiento e impacto de las Recomendaciones e Informes emitidos por la CNDH, y tuvo como objeto de análisis una Recomendación General y cuatro Informes Especiales emitidos entre 2005 y 2016.

Elisa Ortega Velázquez, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), destacó la importancia de las Recomendaciones e Informes Especiales de la CNDH, y la necesidad de que las autoridades les den cumplimiento inmediato. Describió que el Estudio se realizó con objetivos específicos, el seguimiento de los planteamientos de la CNDH, sistematización de las respuestas de las autoridades y semáforo de cumplimiento; además, análisis de los cambios legislativos, análisis longitudinal de las quejas, análisis del posicionamiento de los medios de comunicación y propuestas de mejora en la incidencia de esas Recomendaciones, mediante técnicas cualitativas y cuantitativas de la ONU adaptadas a nuestro país.

Irazú Gómez Vargas, Subcoordinadora de Vinculación e Incidencia, Sin Fronteras I.A.P., destacó la complejidad del problema migratorio de nuestro país, que enfrenta nuevas trabas a superar, y que México y el mundo continúan dispuestos para que la migración sea ordenada. Dijo que la CNDH debe colocar a nivel nacional el tema migratorio, y lamentó que ninguno de los candidatos presidenciales lo haya tocado siquiera en sus campañas, a pesar del aumento de secuestros y robos a personas migrantes, y la trata de personas.

Ximena Suárez-Enríquez, Subdirectora del Programa para México, WOLA, destacó que las personas en contexto de migración no pueden acceder al acceso a la justicia, la denuncia de delitos, falta de investigación de los delitos por autoridades federales y estatales, así como la escasa asistencia consular de sus países de origen.

Señaló que los informes especiales de la CNDH de los años 2009 y 2011, permitieron visibilizar las problemáticas que enfrentan en su tránsito por México y los pendientes de las autoridades para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los migrantes.

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