Presenta PAN ante ASF denuncia por compra irregular de medicamentos y contratación de servicios de salud. Hay opacidad en adquisiciones e indicios de corrupción

Diputadas y diputados del PAN presentaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una denuncia en contra de instituciones de salud por la compra irregular de medicamentos, insumos y contratación de servicios en el sector.

En un comunicado, detallaron que las instituciones involucradas en dicha compra son las secretarías de Salud (Ssa), Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La denuncia fue encabezada por su coordinador Juan Carlos Romero Hicks y los legisladores Éctor Jaime Ramirez Barba, Jorge Arturo Espadas Galván, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba y María de los Ángeles Ayala Díaz.

Así como Carlos Elhier Cinta Rodríguez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Karen Michel González Márquez, Janet Melanie Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano y Ricardo Villarreal García.

Refirieron que de acuerdo con lo reportado en el sistema de información pública gubernamental sobre adquisiciones (Compranet) y el análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se encontraron “¿Compras de emergencia o de pánico?” y se identificaron tendencias y patrones preocupantes.

Señalaron que en situación de emergencia el dispendio de recursos no se justifica y el Gobierno Federal debería preocuparse por hacer un mejor uso del dinero público para enfrentar una pandemia que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria.

«Es claro que los gastos realizados para atender la pandemia, por parte de las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, Insabi, Ssa, Semar y Sedena se realizan con una gran opacidad y falta de información», apuntaron.

Gran parte de las compras realizadas, incumplen los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

«Por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio, a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados», agregaron.

Respecto de los recursos destinados a la emergencia, consideraron preocupante señalar que la mayoría son adjudicaciones directas, sin controles adecuados y aumentan los riesgos de corrupción.

Por ejemplo, 700 millones de pesos fueron gastados por el IMSS, y no se cuenta con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.

El ISSSTE y la Sedena adquirieron equipo médico especializado con empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud, y en el caso del primero «ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar».

Por otro lado, la Sedena ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al sector salud, por más de 3 millones 360 mil pesos.

Explicaron que en el caso del Insabi, es motivo de alarma que actúe con total opacidad, no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria, lo que imposibilita rastrear las compras realizadas.

«No hay un solo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por el Insabi; y sólo contamos con los anuncios públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gabinete sobre la compra de equipos e insumos médicos», señalaron.

Tampoco existe información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de 9 mil millones de pesos que se anunciaron como parte del inicio de operación del Insabi. «Todas estas acciones las ha realizado sin transparentar la información.

«Mucho menos sabemos en qué se están gastando los 40 mil millones de pesos que se le transfirieron de manera adicional a su presupuesto ordinario, del que anteriormente era el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos», agregaron.

Consideraron que, ante tantos indicios de violaciones a la ley y malversación del gasto público, la ASF debe actuar.

En su denuncia, las y los diputados del PAN solicitaron al titular de la ASF, David Colmenares, que revise el ejercicio del gasto durante el primer semestre de 2020, relacionado con la compra de medicamentos e insumos y contratación de servicios del sector salud, ante las posibles violaciones a la normatividad cometidas en su ejercicio.

Conforme a lo que señala la ley, la ASF deberá emitir un informe detallado a la Cámara de Diputados y a la opinión pública sobre el resultado de la revisión a partir de esta denuncia.

«La ASF deberá investigar y, en caso de configurarse los delitos aquí señalados, iniciar el fincamiento de responsabilidades y promover las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para imponer las sanciones que procedan», precisaron.

Recordaron que en los últimos meses, la demanda de insumos y equipo médico para contener la epidemia ha aumentado, ante la creciente incidencia de contagios y enfermos.

«Ello hace necesario que todas aquellas compras se hagan oportunamente, con total transparencia y administrando de la mejor forma el dinero de los mexicanos».

“La emergencia aún no termina, necesitamos realizar las acciones que permitan respuestas efectivas, las compras públicas no pueden seguir realizándose bajo mecanismos discrecionales y opacos”, concluyeron.

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