En Ley de Remuneraciones, diputados aprueban incluir a personas de derecho público y órganos autónomos en regulación de remuneraciones de servidores públicos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, a fin de incluir a las personas de derecho público y órganos autónomos a las reglas fijadas por el artículo 127 de la Carta Magna, que regula las remuneraciones de los servidores públicos, federales, estatales y municipales, que no sobrepasarán el límite establecido para el Presidente de la República.

El dictamen que deriva de las iniciativas de las diputadas Dulce María Sauri Riancho (PRI) y María Chávez Pérez (Morena), así como la presentada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobado en lo general, por 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones, y remitido al Senado de la República.

En su artículo Segundo Transitorio se establece que las remuneraciones que sean superiores a la del Presidente de la República, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal del año siguiente a aquel que haya entrado en vigor este decreto, y siempre que se haya dado cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo de 2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.

El artículo 127, primer párrafo, incluye a las personas de derecho público y a los órganos autónomos, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, como se establece actualmente para los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos e instituciones.

El Tercero Transitorio, precisa que el Congreso de la Unión, así como las legislaturas de las entidades federativas expedirán o adecuarán la normatividad aplicable, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

En lo particular, se aprobó por 322 votos a favor, 21 en contra y 81 abstenciones, los artículos 116 y 127 de la Constitución Política en términos del dictamen. Con 377 votos en pro, 4 en contra y 43 abstención, se avaló la modificación del citado artículo Segundo Transitorio, a propuesta del diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN).

Con votos a favor, 62 en contra y una abstención, se aprobó la adición del Cuarto Transitorio, impulsada por el diputado Jorge Eugenio Russo Salido (MC), la cual precisa que el Congreso de la Unión realizará las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de este decreto. Se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, a efecto de que emita una opinión fundada y motivada a la Cámara de Diputados.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, expresó que es necesario un esfuerzo de austeridad para equilibrar las remuneraciones en un contexto económico nacional donde prevalece la pobreza y la desigualdad. “Los invito a ser parte del cambio que necesita el país, ajustándonos a criterios de distribución y justicia sobre la riqueza. No puede haber remuneraciones excesivas en un país pobre”.

Precisó que las remuneraciones de los servidores públicos son altas respecto de los tabuladores generales vigentes en el sector público y los que reciben sus pares en otros países.

Relató que desde la Constitución Política de 1917 a la fecha, el artículo 116 constitucional ha sido modificado en 13 ocasiones. En la séptima reforma realizada durante 2009, se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción II, se desarrolla la norma constitucional que especifica que las remuneraciones de los servidores públicos deben ajustarse a lo establecido en el artículo 127 constitucional.

En cuanto al artículo 127 constitucional, ha tenido cuatro reformas desde 1917. En el texto original de ese año quedó instituido que la compensación que recibiría el titular del Poder Ejecutivo estaría determinada por la legislación secundaria. Incluso, se establece la posibilidad de aumentarla o disminuirla. Esas disposiciones también tienen como destinatarios a los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios de la federación de nombramiento popular.

Argumentó que la reforma de 2009 fue la de mayor impacto. En ella aparece por primera vez la definición del concepto de retribución, así como la mención de que ningún servidor público pueda tener un ingreso mayor que el titular del Poder Ejecutivo. se establecen límites para las percepciones de los servidores públicos, siendo esta reforma base sustantiva de la propuesta de modificación del dictamen que hoy se presenta.

En México, en el marco de las nuevas modificaciones a los artículos 116 y 127 constitucionales, se presenta el tema bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto y su maximización de estos ejes a todos los servidores públicos del Estado, tanto a los poderes tradicionales, como a los que tienen alcance de autonomía en el texto constitucional.

La diputada Miroslava Carrillo expuso que el proyecto también busca la armonización sistemática de varios dispositivos constitucionales de los artículos 75, 108, entre otros. En él se pondera un concepto amplio y flexible de servidor público que se instituye como personas de derecho público y se conjunta con los órganos y organismos autónomos y entes públicos.

El modelo constitucional que se propone es gradual en cuanto a su regulación constitucional sobre las remuneraciones de los servidores públicos. Se especifica que sus alcances abarcan a toda persona de derecho público, así como a todo órgano u organismo a los que la propia Constitución y las leyes les otorguen autonomía.

“Desde esta perspectiva, ningún ente o persona de derecho público, y ningún órgano u organismo autónomo, incluidos los dispuestos en la ley secundaria, escapan a las obligaciones emanadas de los artículos reformados en el 2009”, aclaró.

En los posicionamientos, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) recordó que cuando inició esta Legislatura se sabía que iban a rebajar los sueldos de los jefes en la administración pública federal y en todo el país. “El litigio principal es la aplicación de un mandato popular del primero de julio de 2018, porque la gente sabía que se iban a rebajar los salarios de la llamada burocracia dorada”.

La Corte dice que la Ley de Remuneraciones no es que esté mal, sino que le faltan cosas.

Del PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega aplaudió que se discuta la regulación de la remuneración de los servidores públicos, pero esta reforma no da certeza. “Estamos convencidos que no se deben favorecer los privilegios para los servidores públicos. La oportunidad es establecer en el texto constitucional la creación de un organismo que fije la remuneración del Presidente de la República, tal cual lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la declaratoria de inconstitucionalidad a diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) dijo que el objetivo es ampliar la intromisión del Poder Ejecutivo en los otros Poderes de la Unión y también en los órganos dotados de autonomía a través de los límites de las remuneraciones de los servidores públicos. “Tiene como base el criterio arbitrario y unilateral que fijó el presidente sobre su propia remuneración mensual. La aprobación representa una validación de una decisión arbitraria

Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, mencionó que hoy se genera el andamiaje jurídico que permitirá lograr que la determinación de remuneración específica para cada servidor público sea en un marco de igualdad entre todos estos entes, sin distinción mayor que la de adecuarla al desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a su responsabilidad.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) dijo estar a favor de que los suelos de los funcionarios públicos sean acordes a la realidad económica del país y conforme a las responsabilidades que desempeñan, pero el dictamen “está dirigido a dejar sin materia aquellos recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad promovidas por trabajadores que, debido a las medidas establecidas en la Ley Federal de Remuneraciones, vieron disminuidos sus ingresos”.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) afirmó que su voto a favor lo hace desde lo más profundo de sus convicciones panista y jurista; sin embargo, consideró que esta reforma está incompleta “modifica fraseos, cosa menor”. Anunció que presentará una reserva para, entre otras cosas, obligar que el decreto entre en vigor una vez que se haya cumplido la sentencia para fijar, de una manera objetiva, el salario del Presidente.

El legislador Alejandro Viedma Velázquez (Morena) puntualizó que México debe contar con un presupuesto razonable que privilegie una sociedad con igualdad y justicia. Este dictamen fortalecerá la austeridad republicana. “Votar a favor significa defender la dignificación de la política. Este decreto promueve cerrar brechas en la función pública”.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) señaló que se debe cumplir la sentencia de la Corte y fijar las retribuciones en correspondencia con las responsabilidades de los funcionarios, “pero no con reglas arbitrarias que no digan cómo se determinó una cantidad”. Dijo que hay propuestas para fijar esos criterios y elementos objetivos. Pidió acercar posiciones, pues hay muchas coincidencias. “Es lo que demandó la ciudadanía y lo que demandó la Suprema Corte”, recordó.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, resaltó que votará en contra porque la reforma es “una red para capturar todos los amparos que están sometidos a consideración de jueces en contra de la Ley Federal de Remuneraciones”. Agregó que en el artículo 127 se debe establecer el órgano técnico, que sería la Auditoría Federal de la Federación, que establezca criterios para marcar los salarios de servidores públicos.

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