ONU pide a Venezuela la liberación de 59 presos colombianos e investigar la muerte de Fernando Albán

La Oficina del Alto Comisionado ha solicitado una investigación independiente e imparcial sobre el caso del líder opositor Fernando Albán, muerto cuando se encontraba detenido. También ha pedido la puesta en libertad de 59 colombianos detenidos sin juicio durante más de dos años. Además, ha asegurado que las condiciones de las cárceles venezolanas son “más que monstruosas”.

“Estamos profundamente preocupados por la detención continuada de 59 ciudadanos colombianos que han estado recluidos sin cargos en Venezuela durante más de dos años”, ha dicho la portavoz de Michelle Bachelet ante la prensa de Ginebra este martes.

Ravina Shamdasani explicó que los colombianos fueron detenidos en operaciones de seguridad separadas a fines de agosto y principios de septiembre de 2016, y se encuentran detenidos en una celda en el centro de detención de La Yerguara, en Caracas. Según los informes que ha recibido la oficina, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos.

“Se cree que muchos de los 59 hombres están enfermos. Un prisionero, William Estremor, quien, según se informó, estuvo gravemente enfermo durante varios días, fue llevado a la sala de urgencias de un hospital el lunes, según su abogado. Luego se informó que fue trasladado a una pequeña enfermería en los locales de los servicios de inteligencia nacionales en Caracas. No tenemos información actualizada sobre su condición”, dijo la portavoz.

La Oficina instó a las autoridades venezolanas a garantizar que Estremor reciba la atención médica necesaria y que, en todo el sistema penitenciario, se garantice a los reclusos el acceso a medicamentos y tratamientos adecuados.

Los colombianos fueron recogidos durante redadas de seguridad conocidas como Operaciones para la Liberación de la Gente, que, según el gobierno, estaban diseñadas para disolver pandillas criminales y llevarlas ante la justicia. Los detenidos fueron acusados de ser paramilitares, pero hasta la fecha no se han presentado pruebas ni cargos contra ellos y, en noviembre de 2017, un juez venezolano dictaminó que debían ser liberados incondicionalmente.

“Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con esta decisión y los liberen”, aseguró Shamdasani, quien agregó que los detenidos eran migrantes legales e irregulares y trabajaban en construcción y la economía informal.

Las condiciones son “monstruosas”La portavoz también informó que alrededor de 90 colombianos habían sido detenidos en las redadas, pero algunos fueron liberados, mientras uno de ellos murió por problemas respiratorios dentro de la cárcel.

Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades”.

Las autoridades colombianas han remitido el caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos.

 “Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades”, dijo, explicando que las cárceles están abarrotadas, llenas de ratas y de insectos y los prisioneros muchas veces no tienen acceso a luz natural, comida o agua potable.

“Las condiciones son más que monstruosas”, aseguró Ravina Shamdasani, añadiendo que muchos prisioneros pierden peso porque solo se les da una pequeña ración de comida al día. Lo que ha conducido a hechos violentos y motines.

Investigación sobre el caso de Fernando Albán

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos humanos también pide a las autoridades venezolanas una investigación independiente e imparcial de la muerte del opositor venezolano Fernando Albán.

Según la fiscalía venezolana, Albán, detenido por el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia; pero su partido, Primero Justicia, denuncia que fue asesinado.

En la Oficina de Michelle Bachelet, están preocupados no solo por su muerte, sino por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana.

“Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y por eso necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”, dijo Shamdasani.

Según despachos de prensa y declaraciones del presidente Nicolás Maduro durante la Asamblea General, Venezuela se encuentra dispuesta a recibir a la Alta Comisionada en el país.

Sin embargo, la portavoz aseguró que el acceso para la realización del mandato del Consejo de Derechos Humanos de llevar a cabo una investigación, que podría incluir casos como el de Albán y el mismo atentado al presidente, aún no ha sido garantizado.

“No nos han dado el acceso a Venezuela. Hay informes de que están felices de invitarnos, pero aún no recibimos ninguna invitación formal”, concluyó la portavoz de Michelle Bachelet.

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