La ONU-DH mandó recomendaciones a la Cámara de Diputados tras advertir aspectos graves en las leyes secundarias de la Guardia Nacional

Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), advirtió a la Cámara de Diputados sobre “aspectos preocupantes” que contienen las leyes secundarias de la Guardia General aprobada por unanimidad en el Senado de la República. Ha propuesto algunas recomendaciones para ser tomadas en cuenta por los legisladores.

Por ser de interés público, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) remitió a la Cámara de Diputados algunas consideraciones preliminares a las minutas sobre los proyectos de ley aprobados por el Senado de la República el día 21 de mayo de 2019, relativos a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Ambas leyes se derivan de la reforma constitucional publicada el 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional y deberán aprobarse dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto de reforma constitucional.

Dicha carta fue enviada al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo. En dicha misiva queda de manifiesto que el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos se suma a las organizaciones de derechos humanos que cuestionaron el contenido de las iniciativas de las leyes secundarias, que solo se dieron a conocer cuando las fracciones parlamentarias las avalaron en el Senado de la República.

Fue enviada el 22 de mayo y se hizo observaciones a la Ley Nacional sobre uso de la Fuerza y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Para la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza se plantean nueve puntos de preocupación entre ellos que no se haya incluido a los agentes migratorios como “autoridades que hacen uso de la fuerza”; la laxitud en algunos términos como “persona autorizada por el Estado” y “neutralizar”; se advierte una “regulación insuficiente e inconsistente del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza, sin que quede claro cómo los agentes armonizarán o priorizarán la aplicación de todas las normas relativas a este principio de funciones”.

También advierten que en materia de protesta social la ley “mantiene una perspectiva de ‘control de multitudes’ y no de garantizar el derecho a la manifestación, y en caso de que haya violencia, el proteger a las personas”, además de que dan facultades a las policías y a la Guardia Nacional a calificar las protestas o manifestaciones de acuerdo con el “objeto lícito” de las movilizaciones, lo que va en contra al derecho de la libertad de expresión y reunión.

También alertó que “se pone en riesgo la vida e integridad personal al autorizar el uso de armas de fuego cuando no se reúna el requisito de licitud en las manifestaciones”.

Indicó como grave “la obligación de rendir ciertos reportes sobre personas lesionadas o daños materiales se limita a los casos de uso de la fuerza letal, más no ante el uso de la fuerza física o incapacitante así como la obligación de rendir en informes anuales sólo lo relativo a personas fallecidas, mas no la obligación sobre personas heridas”.

Alertó que “se omite la inclusión del observatorio independiente sobre el monitoreo del uso de la fuerza”, además de que el proyecto “no establece lineamientos básicos para cumplir la obligación de investigar de forma pronta, independiente, diligente e imparcial las denuncias de privación de la vida o afectación a la integridad por las autoridades del Estado o por particulares y entidades privadas, incluidas las de uso excesivo de la fuerza letal, con el fin de establecer los hechos y determinar responsabilidades”.

En cuanto a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, el representante de ONU-DH hizo tres recomendaciones aunque celebró que la iniciativa “atiende, en su mayor parte los estándares y recomendaciones internacionales que se han emitido sobre la materia”.

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