Para evitar futuras Iconias, el coordinador de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí, propone llevar a consulta popular venta de predios municipales

Por las irregularidades que se han detectado en la supuesta venta de un terreno para la edificación del proyecto Distrito Iconia, que derivó en un enfrentamiento entre vecinos y estudiantes que defienden el predio con los desarrolladores inmobiliarios que tienen como aliado a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, Carlos Lomelí Bolaños presentará una iniciativa para que los inmuebles de carácter municipal puedan ser enajenados, siempre y cuando se lleven a cabo por el procedimiento de consulta popular o por la aprobación por mayoría de quienes integran el Ayuntamiento de Guadalajara.

En rueda de prensa, el coordinador de las y los regidores de Morena en Guadalajara, lamentó el abuso de autoridad que se aplicó para que tres universitarios fueran llevados a prisión preventiva y enfrentar un proceso judicial, lo que llamó la atención incluso de medios internacionales.

“Es nuestra responsabilidad blindar a Guadalajara y al Estado del cartel inmobiliario que ha encontrado en los gobiernos de Movimiento Ciudadano a su mejor aliado, pues para nadie es un secreto que familiares, amigos o prestanombres de quienes encabezan los gobiernos del estado y municipal son los beneficiarios”, sentenció.

Lo importante, agregó, es tomar acciones para evitar futuras “Iconias”, y esta propuesta es en positivo para Guadalajara.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, marca los principios que se deben observar, y esta ley tiene por objeto fijar normas básicas e instrumentos de gestión con pleno respeto a los derechos humanos, propiciando mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular de personas y grupos vulnerables, con procesos de planeación, transparencia, así como instrumentos que garanticen la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.

Lomelí Bolaños destacó que en estos principios sobresale el de protección y progresividad del espacio público, el cual señala que se deben crear condiciones de habitabilidad, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos.

“La ley señala que se debe fomentar el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos”, señaló, y añadió que en caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes.

El problema del desorden inmobiliario ha crecido en las últimas administraciones municipales de Guadalajara, sobre todo en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, pero no es exclusividad de esta demarcación, ya que otro ejemplo es el predio de “Plaza Arcos” en Zapopan, en donde sólo bastó una simple carta en la cual manifestaban el deseo de crear un condominio mixto, que fue autorizado por la anterior administración que encabezaba Pablo Lemus y se entregó este inmueble, cuyo valor supera los 62 millones de pesos, a favor de Tierra y Armonía, en contraprestación de un museo y una oficina administrativa, por lo que se cambiaron espejitos por oro, manifestó.

La iniciativa que será presentada en la próxima sesión de Ayuntamiento buscar hacer uso de la herramienta de participación ciudadana denominada “Consulta Popular”, la que se activa al ser promovida por el 0.5% de los ciudadanos del municipio o por la mitad de los integrantes del Ayuntamiento.

Esta propuesta aplicaría cuando el Gobierno de Guadalajara pretenda enajenar bienes inmuebles mayores a mil metros cuadrados, y en caso que sea positiva la decisión vecinal por la venta del predio, el recurso económico obtenido deberá invertirse en la misma zona, para beneficio de la sociedad.

“Estamos a tiempo de proteger lo poco que aún queda a nuestro municipio”, concluyó Lomelí Bolaños.

Por su parte, la regidora Candelaria Ochoa Ávalos adelantó que propondrá un punto de acuerdo para que el gobierno investigue la situación legal en la venta, en febrero de 2018, de los terrenos ubicados en Alcalde #924 y Marsella 49, esto debido al incumplimiento de las empresas en los proyectos inmobiliarios inicialmente acordados.

Sobre el primero, dijo que se trata de un predio de cerca de tres mil metros cuadrados que fue vendido en 40 millones de pesos, de los cuales 10 millones de pesos se destinarían para un parque lineal. La empresa propuso dos torres para construir 180 unidades de vivienda, pero en realidad serán 238 departamentos con costos que oscilan entre los dos millones 800 mil pesos y los cuatro millones 800 mil pesos, por lo que no son susceptibles de adquirir a través de un crédito Infonavit como inicialmente lo habían definido.

En el caso del terreno de Marsella 49, el terreno mide 924 metros cuadrados y la venta se acordó en seis millones de pesos, sin embargo la empresa determinó que requería el 75 por ciento del costo porque era necesario derribar una parte del edificio y apuntalarlo, por lo que el municipio recibiría sólo un millón y medio de pesos.

El proyecto original, señaló, era construir una torre con ocho pisos, un parque y baños públicos, pero actualmente se encuentra abandonado, por lo propone que el gobierno lo recupere.  

En estos y otros casos, se “hacen negocios privados con recursos públicos”, finalizó la Regidora Ochoa Ávalos.

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