No le debo nada a nadie, acusaciones de Lemus son un mero distractor: García Estrada

“No le debo nada a nadie, mis obligaciones las he cumplido antes que mis derechos y esas difamaciones, farsas y calumnias en mi contra y de mi familia son un distractor o una cortina mediática para que los tapatíos no se enteren de la verdad de los hechos”, así ha respondido el magistrado Armando García Estrada en torno al caso de la falsificación de documentos en el Tribunal de Justicia Administrativa para favorecer la licitación del arrendamiento de patrullas en Guadalajara.

En entrevista el magistrado presidente de la Cuarta Sala Unitaria habló sobre la denuncia que interpuso el presidente de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, en su contra, ante la Fiscalía General de Justicia de Jalisco.

“Sé que para ellos soy yo el responsable de la falsificación de documentos. Me acusan de ser parte de una falsificación de un expediente que está bajo mi asignación”, manifestó al momento de dar a conocer que la magistrada de la Quinta Sala Unitaria, María Abril Ortiz Gómez, ya cerraron el expediente porque ya se consumó la licitación del arrendamiento de patrullas.

“Con ese mismo expediente falso que creó José Ramón es en el que se basa la Quinta Sala para archivarse”, destacó el magistrado.

Aunado a lo anterior, García Estrada denunció que la Sala Superior dio luz verde al gobierno de Guadalajara, administrado por Pablo Lemus, a pesar de tener conocimiento pleno de los autos originales del expediente que obraban en la Cuarta Sala, por lo que el magistrado presidente de la Sala Superior, José Ramón Jiménez Gutiérrez, junto con el Comité de Adquisiciones de Guadalajara. La Sindicatura y la Dirección Jurídica han cometido delitos que rayan en la falsificación de documentos públicos.

“Y lo más grave que todo mundo lo sabe pero por un temor reverencial hacia quienes hacen los negocios en Guadalajara nadie reclama nada ni se quejan, que se malgasten 790 millones de pesos porque además del sobreprecio parece que es más caro comprar fiado que de contado. Desde esa renta de patrullas sin equipar, al día de hoy la estadística va en incremento de los delitos en contra de los tapatíos”, dijo.

El magistrado Armando García Estrada calificó la denuncia del alcalde tapatío como “un mero distractor” porque “quiere que ustedes no conozcan el origen de la causa que representó el arrendamiento de patrullas y equipo de seguridad por más de 790 millones”.

Al informar que en la Sala Superior conceden todo lo que pide el gobierno de Guadalajara, García Estrada denunció los privilegios, concesiones y resoluciones a modo en el Tribunal y que van #en contra de la ley y en favor de quienes también dirigen los destinos y el rumbo de este tribunal”.

Por sus denuncias constantes el juzgador sostiene el por qué “de la persecución, el acoso, la intimidación y la difamaciones personales, procesales y legales en el trabajo que llevamos constantemente desde el marco de la ley con respeto absoluto a los derechos humanos de los ciudadanos y de los usuarios de la justicia administrativa”.

Asimismo, el presidente de la Cuarta Sala Unitaria detalló que está “en el olvido la atracción imparcial de todos los juicios y hay una ausencia de esfuerzo para eliminar el rezago que es de miles y miles de juicios y el desequilibrio jurídicamente porque sólo se trabaja el 25 por ciento de lo demandado de justicia administrativa; tienen más personal que donde se concentra el 75 por ciento de la carga de trabajo porque en un orden institucional debe haber 11 empleados en cada una de las seis salas para atender entre 5 mil y 10 mil juicios por cada sala”.

Por último remató: “No le debo nada a nadie, mis obligaciones las he cumplido antes que mis derechos y esas difamaciones, farsas y calumnias en mi contra y de mi familia son un distractor o una cortina mediática para que los tapatíos no se enteren de la verdad de los hechos. Y si los responsables de perseguir los delitos se hacen de la vista gorda para no castigar a los responsables, es entendible que los que ignoran que los medios utilizados para rentar patrullas no fueron los más baratos y lo mejor, por lógica carecen de elementos para exigir que se castigue a todos los que falsificaron el expediente porque le apuestan a la impunidad del poder político que los protege”.

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