En Nicaragua ha aumentado la represión selectiva, la criminalización, y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre

Los médicos que ayudaron a los heridos en las protestas fueron despedidos sin explicación y hasta se les ha congelado el presupuesto a instituciones académicas como represalia. Un grupo de once expertos de derechos humanos de la ONU exhortan al Gobierno del país centroamericano a detener la represión y desmovilizar a los grupos paramilitares tras 100 días de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y unas mil 830 han resultado heridas.

En Nicaragua ha aumentado la represión selectiva, la criminalización, y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país, indican los informes recibidos por el grupo de expertos de las Naciones Unidas.

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”, aseguran en un comunicado varios relatores y la líder de un Grupo de Trabajo de derechos de la mujer.

Durante el mes de abril, fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido del Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social. Las protestas han disminuido recientemente en número e intensidad después de que el Gobierno acabara con los bloqueos de carreteras.

Los expertos dicen que las voces críticas con el Gobierno, entre ellos líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, así como miembros de la Iglesia y de la Alianza Cívica, siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, detenciones colectivas y malos tratos.

“Los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica. También se ha denunciado que la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado, como forma de retaliación contra las protestas”, se lee en el comunicado.

Los relatores deploran una “campaña de desprestigio” destinada a desacreditar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como terroristas, en intentos de socavar a la oposición.

“También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, subrayan. .

Preocupados por la impunidad

Los relatores aseguran además que existe un alto nivel de impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos, entre las cuales están actos de violencia de género contra mujeres perpetrados por las autoridades y elementos paramilitares.

También se han recibido informes de numerosas irregularidades en el proceso de investigación contra quienes han manifestado su oposición al Gobierno, y por ello es necesario que éste mantenga un registro claro y actualizado de los nombres y ubicación de las personas que han sido privadas de su libertad. Además, se debe garantizar un juicio justo a quienes enfrenten procesos judiciales.

“La impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo. Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”.

Los expertos también instaron a las autoridades a que entablen conversaciones significativas e inclusivas con las partes en el contexto del Diálogo Nacional, y que respeten y garanticen plenamente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente pidieron que se otorgue pleno acceso a la información, a centros de detención y otros lugares a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales para permitirles continuar evaluando la situación.

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