66 por ciento del total de las Acciones Urgentes sobre desaparición forzada son sobre México. El País ocupa el primer lugar delante de Irak y Colombia

Estaban cenando en familia cuando fuerzas de seguridad entraron a su casa, lo esposaron y lo llevaron. Hoy, cuando la familia pregunta a las autoridades dónde está, siempre les dan la misma respuesta: “No sabemos”.

Este ejemplo es uno de los casos en los cuales el Comité contra la Desaparición Forzada  (CED) ha activado el mecanismo de Acciones Urgentes: un proceso que eleva a una desaparición forzada desde un nivel local y personal, para convertirla en un asunto entre un Comité de expertos de Derechos Humanos de la ONU y las más altas autoridades del país donde la desaparición ocurrió.

Esta semana, el Comité ha alcanzado la triste cifra de 500 casos registrados bajo este procedimiento.

De acuerdo con datos del CED, de las 500 Acciones Urgentes emitidas desde marzo de 2012, corresponden a México 331, es decir 66.2 por ciento de los procedimientos, siendo el primero y el último motivado por la desaparición de una persona de origen mexicano: Marcial Bautista Valle y Areli Hernández Hernández, respectivamente.

En lo que va de 2018, el CED ha recibido 25 comunicaciones por la desaparición de personas cometidas presuntamente por agentes del Estado, al menos 17 corresponden a denuncias presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).

2017 fue considerado el año más violento de la administración de Enrique Peña Nieto, el organismo solicitó al Estado mexicano información sobre 31 víctimas.

“Cada Acción Urgente representa a una persona desaparecida, cuya familia, allegados y amigos están sufriendo cada minuto de su vida por no tener idea de su suerte y paradero”, dijo Suela Janina, presidenta del Comité.

El número de Acciones Urgentes ha crecido continuamente desde que la Convención entró en vigor en 2010. En práctica, cuando el Comité recibe información sobre una desaparición forzada, toma contacto con el país concernido, y con los allegados de la víctima o sus representantes, agregó Janina.

“Cuando una persona es víctima de una desaparición forzada, una intervención inmediata es clave”, dijo Rainer Huhle, vicepresidente del Comité.

“No existe justificación válida alguna para pedir a los familiares de una persona desaparecida que espere 24, 48 o 72 horas antes de tomar acción”, resaltó.

Este procedimiento, comúnmente llamado “Acción Urgente” es una de las herramientas más innovadoras de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas. Los intercambios entre el Comité, el Estado parte y la persona que pidió la acción urgente siguen hasta cuando la persona desaparecida haya sido localizada.

Estos intercambios son el corazón del procedimiento. El Comité también puede pedir al Estado parte que adopte medidas para proteger a las personas que están en peligro por sus vínculos con la persona desaparecida, o por las acciones que han tomado para buscarla”, dijo Janina.

El objetivo del Comité, explicó, es ayudar a todos los involucrados, y de asesorar a los Estados partes para que respeten las obligaciones contenidas en la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Entre esas obligaciones está la exigencia de que las desapariciones forzadas no vuelvan a ocurrir.

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