Al avalarse la #LeyChayote, las voces en contra advirtieron que “no fortalecer la democracia en México” al continuar con la discrecionalidad en la asignación de recursos

Luego que el PRI y sus aliados avalaron la denominada #LeyChayote, las voces en contra de la Ley General de Comunicación Social advirtieron que no se fortalece la democracia y continúa la ilegal concentración del 60 por ciento de los recursos públicos destinados a la publicidad.

En el debate del proyecto, el Senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, señaló que la minuta a discusión no cumple con objetivos constitucionales de 2017 y 2014, ni con observaciones de organismos internacionales, ni hay consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Senado para su aprobación.

En contra, el senador Isidro Pedraza, del PRD, dijo que no cumple con las formalidades que exige la Suprema Corte, y que el Congreso de la Unión sólo cumple por cuestiones de tiempo, lo cual significa una simulación para continuar la discrecionalidad en la asignación de recursos con ese fin.

Del PT, la senadora Dolores Padierna Luna dijo que esta Ley no elimina “la ilegal concentración del 60 por ciento de los recursos públicos” en un puñado de medios electrónicos y no contiene sanciones, ni límites; “es un catálogo de promesas sin fiscalización y de ambigüedades que permitirán la discrecionalidad en las campañas de comunicación”.

Ernesto Ruffo Appel, del PAN, consideró que la propuesta no cumple a cabalidad con objetivos que se plantearon en la Constitución para proteger el derecho a la libertad de expresión y reducir la discrecionalidad en el gasto de comunicación social.

Para la senadora Martha Tagle Martínez se trata de un proyecto que abre la posibilidad para la difusión de programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público y tampoco delimita el contenido de carácter promocional de los programas sociales

Manuel Bartlett Díaz, senador del PT, se pronunció en contra al afirmar que existe un rechazo general de parte de las organizaciones sociales a la nueva norma, porque no pone límites al gasto del gobierno.

En contra, el senador Isidro Pedraza, del PRD, dijo que no cumple con las formalidades que exige la Suprema Corte, y que el Congreso de la Unión sólo cumple por cuestiones de tiempo, lo cual significa una simulación para continuar la discrecionalidad en la asignación de recursos con ese fin.

En contra, el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, opinó que los recursos exorbitantes que se utilizan en este tema pueden destinarse a combatir la pobreza, la inseguridad o el desempleo en el país.

El senador del PT, David Monreal Ávila aseguró que la reforma estaría dotando a la Secretaría de Gobernación de facultades discrecionales sobre la asignación de publicidad y control total del padrón de medios de comunicación. “El objetivo es mantener la propaganda gubernamental al servicio de los intereses políticos de manera discrecional y arbitraria”.

Su compañera de bancada, María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo advirtió que esta ley debe ser rechazada y “la Suprema Corte debe aclarar y definir si el término correcto es: propaganda gubernamental o difusión de información”.

Del PT, el senador Marlon Berlanga Sánchez consideró que con esta legislación se regresa a fórmulas del pasado que no fortalecen a la democracia en México.

Compartir