“La verdad histórica se ha colapsado”, sentenció  Alejandro Encinas al tiempo de señalar que están en la etapa de la ruptura del pacto del silencio, para esclarecer un crimen de Estado

“Ayotzinapa representa una afrenta a la sociedad, una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país, que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad”, así lo externó Alejandro Encinas, quien advirtió que “la verdad histórica de ha colapsado”, en referencia al carpetazo que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto al Caso Iguala.

Al presentar en Palacio Nacional el informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, a seis años de la desaparición de los 43 normalistas, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reafirmó que derivado de la verdad histórica que se construyó con base en la simulación, fabricación de pruebas y tortura, en este gobierno se rompen los candados de silencio e intereses ligados al crimen organizado y al poder público para que no haya impunidad.

A seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, Alejandro Encinas presentó el informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa

Tras lamentarse la actuación de funcionarios del Poder Judicial que han ido liberando a implicados en el Caso Iguala, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) apuntó:

“Debo decirlo con toda claridad, y asumo aquí mi responsabilidad en señalar que estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad. Son una burla a la justicia. Alientan el silencio y la impunidad, y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia en nuestro país y que es necesario transformar”.

Dio a conocer que la investigación se encuentra en la etapa más compleja y “estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto del silencio, para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia”.

Encinas Rodríguez abundó: “En la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias y acciones del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar información, confundir y desacreditar la investigación, lo que, anticipo, no nos amedrenta, ni nos va a detener. Vamos a ir al fondo en estas investigaciones”.

Gobernación reafirmó que en este gobierno se rompen los candados de silencio e intereses ligados al crimen organizado y al poder público para que no haya impunidad. Conforme a la instrucción presidencial, en este gobierno no se encubrirá a ninguna persona servidora pública, advierte subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y presidente de dicha comisión, Alejandro Encinas .

Recordó que el  3 de diciembre de 2018, el presidente emitió el decreto que crea la Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia en el Caso de Ayotzinapa, con el objetivo de crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del gobierno federal para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, el paradero de los estudiantes y que se haga justicia.

“En ese esfuerzo no cejaremos, esa es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro compromiso. Aquí, no estamos cansados y no nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa”, agregó el subsecretario y presidente de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Ante padres y madres de los normalistas, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez refrendó que Ayotzinapa representa una afrenta a la sociedad y una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, lo que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad, pero no se generarán falsas expectativas, ni se construirá una nueva verdad histórica, ya que el objetivo es conocer la verdad por dolorosa que sea.

Durante la presentación del informe, el subsecretario detalló que respecto a las tareas de impartición de justicia se avanza en dos líneas, por un lado, en la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los cuales se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías municipales e integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Y, por otra parte, en la identificación y detención de las autoridades y personas servidoras públicas que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada.

Informó que, a pesar de la actuación de algunos jueces que con sus determinaciones dejaron en libertad a presuntos perpetradores de la desaparición de los jóvenes estudiantes, de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión -de las 83 solicitadas- por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura.

Además, han sido detenidas 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, ex policías federales y policías municipales, con lo que suman, hasta el momento, 80 personas detenidas.

Se han analizado 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, lo cual arrojó 206 mil registros de interés, una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos, ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.

«Atendiendo la instrucción presidencial que en este gobierno no encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal; las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio público encargada de ‘legalizar’ la verdad histórica», puntualizó.

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