“Preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal”, INE sobre su decisión de retrasar Revocación de Mandato

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reclaman al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, persecución penal tras presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por la posible comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad al pretender retrasar el ejercicio de Revocación de Mandato porque hasta que tengan más recursos.

La denuncia fue interpuesta en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR.

Ante eso el Consejo General hizo público un posicionamiento en que señala: “Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”.

Este posicionamiento fue firmado por: el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, y los consejeros Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

En dicha misiva reclamaron: “Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.

Por lo anterior, indicaron que “por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”.

Y remataron: “En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

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