De aprobarse la Guardia Nacional con mando operativo militar, significará “una atrocidad jurídica” que violentará los derechos humanos

Activistas y defensores de derechos humanos han advertido a legisladores del Senado de la República que creación de la Guardia Nacional con mando civil y mando operativo en manos de las Fuerzas Armadas fue calificado como “una atrocidad jurídica” que violentará los derechos humanos.

En la segunda jornada de las audiencias públicas para analizar la minuta que crea la Guardia Nacional, senadores, organizaciones y colectivos sociales intercambiaron puntos de vista sobre los efectos que la nueva corporación podría ocasionar a los derechos humanos.

La presidenta de la Comisión respectiva, Kenia López Rabadán, subrayó que la situación actual de inseguridad en el país y el hecho de contar con más de 40 mil desaparecidos, mil 200 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, “nos hace conscientes de la necesidad de realizar acciones que permitan combatir este flagelo”.

Sin embargo, objetó, debemos contar con todos los elementos para poder decidir, sin margen de error, sobre la estrategia que debe ser aprobada en este cuerpo colegiado. Reconoció que el proyecto es el documento más importante que se ha analizado en el Congreso de la Unión, por lo que su discusión debe ir acompañada de la sociedad.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que la propuesta para crear la Guardia Nacional “no es pertinente ni viable. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno, ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad”.

Dijo que después de los espacios abiertos para expresar opiniones sobre la reforma, preocupa que los ajustes que se le han realizado “no sean suficientes para fortalecer la institucionalidad civil, acotar la participación de las Fuerzas Armadas y brindar certeza sobre los tiempos y los términos para ello”.

“Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se le deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza”.

González Pérez propuso un grupo de análisis especializado y plural, que construya una ruta para corregir las deficiencias, impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles para que asuman las tareas de seguridad pública, y contemple un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a sus funciones.

José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pidió a los legisladores rechazar cualquier proyecto que militarice la seguridad pública temporal o permanentemente. Les recordó que tienen la obligación de impedir una “atrocidad jurídica” que ponga “en riesgo los derechos humanos”.

Señaló que el modelo de seguridad propuesto por Morena descansa en instituciones integradas por cientos o miles de funcionarios involucrados en hechos delictivos, incluidos asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, delitos contra la salud y de corrupción, entre otros.

Acusó a integrantes de las Fuerzas Armadas de cometer delitos graves relacionados con la producción y tráfico de drogas. No obstante, concluyó, desconocemos el nivel de involucramiento de estos funcionarios, pero pesará sobre ellos una sombra de desconfianza.

Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad sin Guerra, advirtió que el Congreso de la Unión está a punto de “destruir” el modelo de país que el Constituyente de 1917 estableció para vivir en democracia. “Todo bajo el argumento de que la emergencia nacional justifica cambiar para siempre el paradigma de la seguridad pública”.

Subrayó que el modelo de seguridad que pretende constitucionalizarse es de corte militar. Debido a ello, este Congreso no tiene facultades para realizar esta reforma constitucional.

Nuestra constitución, puntualizó, podría ser destruida o sustituida de concretarse esta reforma. El modelo de seguridad ciudadano, de aprobarse la minuta que hoy se discute, señaló, sería destruido al establecer un régimen de subordinación de civiles a militares y una expansión ilimitada de las funciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, refirió que desde hace muchos años en México “estamos ante un Estado abierto hacia un proceso de militarización, que ha empobrecido y causado una situación de ingobernabilidad”.

Sabemos cómo funcionan, cómo detienen, cómo interrogan y cómo someten a la población. “Por eso, nos preocupa mucho que se simule que la Guardia Nacional empezará con Ejército inmaculado. Hablan de que va a tener un mando civil, cuando la cuestión operativa seguirá en mandos militares y ahí es donde está problema”, expresó.

Alicia Rabadán Sánchez, madre de Jorge Antonio Parral, aseguró que su hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial durante un operativo militar en Nuevo León. Este caso, denunció, “representa el proceder del Estado mexicano para perpetuar la impunidad, protegiendo a los victimarios que son militares y forman parte de la elite intocable de nuestro país”.

“Estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses. En este sentido, solicitamos su intervención para impedir la implementación de la Guardia Nacional”, externó.

Compartir