El secretario del Transporte, Diego Monraz, no ha transparentado el modelo de operación de los depósitos de vehículos autorizados por el gobierno del estado

Por Adrián Meléndrez

En duda sigue la operación del servicio de grúas en Jalisco, dado que los ciudadanos hacen frente a los gravámenes que genera cuando levantan sus vehículos por cometer alguna infracción marcada por la ley, pero lo que se desconoce el por qué siguen adeudando 68 millones de pesos a agremiados de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRÚAS).

En la Secretaría del Transporte (Setran) y en el sector transportista se sospecha de un contubernio de Diego Monraz Villaseñor con grúas piratas y hay voces que hasta acusan que las del secretario estatal y su familia se han incrementado en forma notable en los últimos años. 

De acuerdo a la información de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRÚAS) y la Asociación Jalisciense de Grúas (AGRUJAL), entre la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y la de Enrique Alfaro les adeudan 68 millones de pesos de servicios prestados.

Cabe mencionar que durante varios años han denuncia que en el Área Metropolitana de Guadalajara hay presencia de grúas de arrastre sin autorización.

A lo anterior hay que sumar que el secretario del Transporte, Diego Monraz, no ha transparentado el modelo de operación de los depósitos de vehículos autorizados por el gobierno del estado. Y muchos menos han llevado una campaña para inhibir el uso de las grúas piratas.

El problema es que los ciudadanos son los que padecen el asedio de las llamadas grúas piratas, que existen bajo el cobijo de Setran y que con lujo de prepotencia hacen pagar a los conductores entre 5 o 10 mil pesos por servicios inexistentes.

La Asociación Jalisciense de Grúas (AGRUJAL) ha denunciado en varias ocasiones que el 80 por ciento de los servicios de grúas no se solicitan bajo el modelo de “cabina única” implementado por el gobierno estatal.

Cabe destacar, según denuncias, que hay un acuerdo con estos los grulleros y que éste se entre el secretario Diego Monraz y los propietarios de las grúas piratas, manchando de paso la reputación de los dueños de grúas tradicionales que actúan conforme a la ley y las tarifas.

Asimismo, se sospecha que los fondos ilegales que se obtienen por las grúas piratas van a parar al apoyo de campañas electorales. Diego Monraz pidió un mes de licencia para irse a operar con esos recursos campañas de desprestigio y guerra sucia, denunciaron.

El compromiso de Enrique Alfaro con el panismo está pagado, ahora Pablo Lemus se sacudirá esas cuotas políticas para dar paso a un perfil técnico que entre otras cosas gestione la movilidad que actualmente está en el olvido total.

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