Gobierno de Guadalajara privilegia adjudicaciones directas para favorecer empresas particulares, denuncia la regidora Mariana Fernández
La adjudicación directa se ha convertido en un mecanismo común del Gobierno de Guadalajara, a través del Comité de Adquisiciones, para favorecer empresas particulares y pagar por servicios que podrían realizar los servidores públicos, denunció la regidora Mariana Fernández Ramírez, quien exhibió contratos para apoyar juicios laborales, cobro del impuesto predial y hasta el monitoreo de los indicadores sobre el seguimiento de las políticas públicas.
Al respecto, señaló que el 12 de agosto de 2022 se publicaron las bases para licitar servicios de consultoría jurídica para atender juicios laborales, ya que “el personal es insuficiente para atender los aproximadamente 1,800 juicios laborales activos que existen contra el municipio”, indicaba la solicitud.
Una vez que se realizaron todas las etapas del proceso de licitación, ésta fue cancelada el primero de septiembre por parte del Director de Adquisiciones “por así convenir a los intereses del municipio”, lo anterior justificado con un escrito de la Sindicatura en la que se señalaba que en caso de continuar “pueden ocasionarse daños o perjuicios” a esa oficina.
No obstante, doce días después, el 13 de septiembre de 2022, se contrataron dos servicios de consultoría mediante adjudicación directa, sin contratos publicados y sin información que permitiera determinar con precisión en qué consiste el servicio, asignándose los contratos a las consultoras jurídicas Erre Advisores y RB Asesores, con la justificación de que eran asuntos delicados para la defensoría pública y, en el caso de primera, se trataba de un proveedor único. ¿Ustedes creen que en todo Guadalajara solo exista un despacho jurídico?, cuestionó la regidora de Morena.
Otro ejemplo del favoritismo por este mecanismo de contratación se dio el 20 de enero de 2023, cuando se aprobó una adjudicación directa a favor del despacho Desarrollo de Proyectos Estratégicos, S.A. de C.V, con el propósito de monitorear indicadores y recolectar datos sobre las políticas públicas. El monto fue de dos millones de pesos.
En este caso, destacó el posicionamiento del representante de la Canaco que señaló que el criterio de adjudicación directa no estaba soportado y debería darse a través de una licitación pública, sin embargo se le respondió que se trataba de un proveedor único. En la votación, se manifestaron en contra de la adjudicación los representantes de Canaco, el Consejo Agropecuario y el CCIJ.
Otra adjudicación directa se registró el 22 de junio de 2022, cuando el Comité de Adquisiciones autorizó el pago de un millón y medio de pesos a una empresa llamada GHP Consultores, por servicios de consultoría para trabajos de dictaminación de cuotas obrero patronales ante el IMSS. Esa misma fecha, añadió, se entregó otra adjudicación directa a otro despacho por servicios de consultoría, llamado Global Estándar, por 109 mil pesos.
Un caso a resaltar fue lo que ocurrió en el mes de enero de 2022, cuando se otorgó una adjudicación directa para contratar un despacho que se encargara de cobrar la cartera vencida de impuestos municipales. En su sesión del día 25, se aprobaron dos adjudicaciones directas a favor de AH Representaciones y Kaulen, a pesar de que la representante de la Contraloría Ciudadana, Ruth Isela Castañeda, afirmó que no se justificaba la adjudicación directa y se opuso al procedimiento porqué, además, violaba la decisión del Ayuntamiento.
Explicó que la ganancia que resulta de enviar algún requerimiento de pago y si se logra, la empresa se quedará con el 16% de lo que pague el contribuyente.
Lo lamentable, señaló la regidora Fernández Ramírez, es que, posteriormente, en las sesiones del Comité de Adquisiciones del 11 de noviembre y 16 de diciembre de 2022, se adjudicaron otros contratos de cobranza y se renovaron los contratos de enero, con la presencia de la Contralora Ciudadana, Cynthia Cantero, quien defendió la propuesta de realizar el procedimiento mediante adjudicaciones directas.
“Este respaldo de la Zarina Anticorrupción permitió la renovación de los contratos para el término de toda la administración actual, mediante una compra dirigida (…) ¿qué habrá pasado para que tuviera que ir personalmente la Contralora a defender la discrecionalidad en las compras de gobierno en contravención a la ley y las opiniones de la gente de la propia Contraloría?”, cuestionó.
Las asignaciones directas también se han dado en materia de comunicación social, ya que el pasado 16 de diciembre se autorizaron 38 contratos por conceptos de publicidad.
“Nos gustaría una investigación objetiva, imparcial y eficaz. El problema es que, como dijimos, todo el proceso anticorrupción debe iniciarse por la Contraloría, y los hechos nos demuestran que se trata de una Contraloría que se ocupa de encubrir y convalidar, en lugar de prevenir y sancionar”, sentenció.
El grupo edilicio de Morena seguirá denunciando las irregularidades, ya que es lamentable que esta práctica se haya vuelto costumbre en el Gobierno de Guadalajara y que su promesa de austeridad, honestidad y transparencia solo quede en sus frases de campaña.
“Estamos hablando de cientos de millones de pesos que se entregan a despachos que huelen a negocios entre cuates y que deberían estar sujetas al escrutinio público”, concluyó.
