Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos han pedido a Irán que derogue una nueva ley que restringe gravemente el acceso al aborto

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos han pedido a Irán que derogue una nueva ley que restringe gravemente el acceso al aborto, a los anticonceptivos, a los servicios de esterilización voluntaria, lo que supone una violación directa de los derechos humanos de las mujeres según el derecho internacional.

Los especialistas indicaron que la Ley de Población Juvenil y Protección de la Familia, que busca aumentar la tasa de fertilidad, se ratificó a inicios de noviembre en «clara contravención del derecho internacional».

El artículo 61 de la norma contiene una disposición vagamente redactada que establece que si los abortos se realizan de forma masiva quedarían incluidos como un delito de «corrupción en la tierra» que conllevaría la pena de muerte.

Los expertos destacaron que «las consecuencias de esta ley serán nefastas para el derecho a la salud de las mujeres y las niñas, y representa un giro alarmante y regresivo de un gobierno que había sido elogiado por sus avances en el derecho a la salud» y expresaron su decepción por el retraso en la adopción del proyecto de ley sobre la protección de las mujeres contra la violencia.

“Con el fin de aumentar el número de nacimientos, las nuevas medidas que toma el gobierno iraní usan el derecho penal como instrumento para restringir los derechos de las mujeres, lo que obligará de hecho a muchas de ellas a continuar con los embarazos no deseados hasta el final, lo que sería intrínsecamente discriminatorio», resaltaron.

Igualmente, destacaron que la legislación representa una violación de varios derechos como los dedicados a vida y a la salud, a la no discriminación y a la igualdad, y a la libertad de expresión, al hacer ilegal el acceso a una serie de servicios de salud reproductiva y el intercambio de información sobre derechos reproductivos, una situación “que equivale a la instrumentalización del cuerpo de las mujeres y de su capacidad reproductiva.»

La disposición restringe severamente las ya limitadas excepciones a la prohibición del aborto en el Código Penal y pondrá en manos de un panel formado por un juez, un médico y un forense las decisiones finales sobre el aborto terapéutico -en caso de amenaza para la vida de la mujer embarazada o de anomalías fetales-, en lugar de hacerlo en las mujeres embarazadas apoyadas por el médico.

Penar la interrupción de los embarazos no disminuye el número de abortos

Además, los datos con los que cuentan los expertos demuestran que penalizar la interrupción de los embarazos no reduce el número de mujeres que recurren al aborto.

«Al contrario, obliga a las mujeres a arriesgar su vida sometiéndose a procedimientos clandestinos e inseguros», expusieron.

Según datos oficiales, se calcula que en Irán se practican entre 300 mil y 600 mil abortos ilegales al año. Los abortos inseguros han sido reconocidos como una forma de violencia de género según el derecho internacional.

La ley también prohíbe la distribución gratuita de productos anticonceptivos e impone la prohibición de las esterilizaciones voluntarias para hombres y mujeres, salvo en casos muy excepcionales, una medida que afectará de forma desproporcionada a las mujeres en situación de marginación y a las víctimas de violencia sexual.

También se restringirán las pruebas de diagnóstico prenatal y el Ministerio de Sanidad establecerá un sistema que recopilará información sobre todas las personas que acudan a un centro sanitario para someterse a un tratamiento de fertilidad, un embarazo, un parto y un aborto, una medida aparentemente pensada para ampliar el seguimiento de los embarazos y desalentar los abortos.

«Restringir el acceso de las mujeres a bienes y servicios anticonceptivos gratuitos provocará embarazos no deseados y una elevada mortalidad materna», advirtieron los especialistas.

Por último, alertaron que vigilarán de cerca “el impacto de esta ley en las muertes maternas” y que garantizarán el rendimiento de cuentas “por no haber actuado con la debida diligencia para prevenir la muerte de mujeres y niñas con embarazos de riesgo, o la muerte de las que se someten a abortos inseguros».

«Instamos al Gobierno a que derogue inmediatamente la ley de ‘Población Juvenil y Protección de la Familia’ y a que tome medidas para acabar con la penalización del aborto y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios sanitarios necesarios, incluida la atención a la salud sexual y reproductiva, de forma segura, asequible y coherente con sus derechos humanos», concluyeron los especialistas.

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