Al exigir a Estados Unidos aclarar el legado de la esclavitud en Juneteenth, advirtieron que deben adoptarse leyes y políticas contra el racismo estructural

Los funcionarios de todo Estados Unidos deben conmemorar el Día de la Emancipación (o Juneteenth), fecha en que se celebra la declaración de la abolición de la esclavitud, analizando y dando su apoyo a leyes y políticas para responder al racismo estructural y otras modalidades de racismo en la Unión Americana, señaló Human Rights Watch.

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene verdadero interés en abordar el mal desempeño policial y asegurar justicia para todos, como se indica en el decreto ejecutivo que dictó recientemente sobre actuación policial, debería aprovechar la manifestación que ha organizado el 20 de julio en Tulsa para establecer medidas concretas que impulsen cambios estructurales en la policial y hagan frente al racismo sistémico.

A medida que continúan las manifestaciones multitudinarias en todo el país, incitadas por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor y muchas otras personas negras a manos de policías, las autoridades deberían reconocer que muchas de las desigualdades y disparidades raciales que movilizan a las protestas se deben a que Estados Unidos no ha dado explicaciones ni ha abordado la esclavitud, ni tampoco la persistencia de sus consecuencias en el tiempo.

“Las personas negras fueron esclavizadas y explotadas, y al día de hoy siguen estando marginadas y relegadas”, expresó Nicole Austin-Hillery, directora de programas de Estados Unidos de Human Rights Watch.

“Si Estados Unidos no aborda de una vez por todas los efectos acumulados de los daños históricos y presentes causados a las personas negras, se arriesga a seguir arrastrando el legado de la esclavitud y, de este modo, a causar nuevos daños en el futuro”.

La celebración de Juneteenth conmemora la emancipación de la última gran población de personas negras esclavizadas en Galveston, Texas, a quienes se les comunicó que eran libres el 19 de junio de 1865.

Aunque las personas esclavizadas fueron declaradas libres por la Proclamación de Emancipación de 1863, muchas ciudades y estados de Estados Unidos establecieron leyes y políticas que legalizaron la segregación racial y despojaron de sus derechos a las personas negras. La Equal Justice Initiative indicó que casi 6 mil 500 personas negras fueron asesinadas en linchamientos efectuados para infundir terror en la población negra entre 1865 y 1950.

Diversas decisiones en materia de políticas públicas federales, estatales y locales adoptadas en los siglos XX y XXI agudizaron el racismo estructural al generar desigualdades en el plano económico, educativo y sanitario; segregación en materia de vivienda y políticas discriminatorias que todavía existen.

Por ejemplo, en Tulsa, Oklahoma, las autoridades no han abordado adecuadamente el daño derivado de lo que ahora se conoce como la “Masacre racial de Tulsa”. En el lapso de 24 horas entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, una turba integrada por personas blancas, algunas de las cuales actuaban por encargo de funcionarios de la ciudad, que les habían proporcionado armas, descendieron hasta la zona de Greenwood, un próspero centro económico de la comunidad negra en Tulsa que entonces se conocía como el “Wall Street Negro”. La turba provocó incendios en Greenwood que redujeron la zona a cenizas y causó la muerte de cerca de 300 personas, casi todas negras.

Se destruyeron 35 cuadras en las que había cerca de mil 200 viviendas que pertenecían a personas negras, numerosas tiendas, una escuela, un hospital, una biblioteca pública y una decena de iglesias de la comunidad negra.

Ni las autoridades ni las compañías aseguradoras indemnizaron a personas negras por las pérdidas sufridas, las autoridades interpusieron obstáculos para que esas personas no pudieran reconstruir sus edificios y no se juzgó a ninguna persona en relación con los hechos violentos.

Las leyes y políticas federales, estatales y locales que se adoptaron con posterioridad, como el denominado delineamiento rojo (redlining) y las normativas de renovación urbana, al igual que las políticas y prácticas en materia de actuación policial, profundizaron la segregación racial en la zona.

En 2019, Human Rights Watch documentó evidencias de cómo la actuación policial afecta en la actualidad a la población de Tulsa, particularmente en el área segregada y con población mayoritariamente de bajos recursos del norte de Tulsa.

Human Rights Watch concluyó que las personas negras son sometidas a medidas de fuerza física, que incluyen el uso de pistolas paralizantes, mordeduras de perros de la policía, gas pimienta, golpes de puños y puntapiés, con una frecuencia que es 2,7 veces superior a la que se observa para la población blanca.

En algunos vecindarios con poblaciones más numerosas de personas negras y personas de bajos recursos, las interceptaciones policiales fueron 10 veces más frecuentes que en otros sectores donde la población era predominantemente blanca y tenía mayores recursos económicos. Las detenciones y citaciones tienen como consecuencia una abrumadora acumulación de tasas, multas y costas judiciales, a menudo por delitos de muy baja gravedad, que hacen que las personas de bajos recursos queden atrapadas en un ciclo de endeudamiento y nuevas detenciones por no poder pagar.

El acto que tiene previsto organizar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inmediatamente después del Juneteenth en Tulsa no debería distraer a los responsables de políticas a nivel estatal y local de la necesidad de resolver las disparidades raciales enquistadas en la actuación policial y en otros sistemas, señaló Human Rights Watch.

Los funcionarios de Tulsa y el resto del país deberían dejar de recurrir a la policía para que resuelva problemas de la sociedad vinculados con el uso problemático de sustancias, las personas en situación de calle, las condiciones de salud mental y la pobreza.

En vez de criminalizar a las personas en situación de necesidad, los funcionarios y legisladores deberían abocarse a iniciativas que aborden de manera directa los problemas subyacentes y que propongan, entre otras cosas, medidas sobre vivienda, atención de la salud asequible y accesible, desarrollo económico y educación.

Como se recomendó en un informe reciente de Human Rights Watch, los gobiernos de Tulsa y Oklahoma también deberían actuar con prontitud para brindar reparaciones por la Masacre Racial de Tulsa, entre otras cosas, efectuando pagos directos a las pocas víctimas de la masacre que todavía están vivas, dos de las cuales tienen 105 y 106 años, y a sus descendientes, así como recuperar e identificar los restos humanos que podría haber en fosas comunes.

Asimismo, los gobiernos estatal y local deben establecer tan pronto como sea posible un plan de reparaciones integral, elaborado en estrecha consulta con la comunidad afectada. Dicho plan podría contemplar medidas como inversiones selectivas en salud, educación y oportunidades económicas, fortalecer los programas de becas existentes y financiar la construcción de monumentos conmemorativos. Las autoridades federales, del estado y locales deben asimismo aprobar leyes para despejar los obstáculos jurídicos a la interposición de demandas civiles en relación con la masacre.

En Tulsa y otras partes del país, las disparidades raciales en el goce del derecho a la salud son absolutamente marcadas. Las personas negras estadounidenses tienen muchas más probabilidades de morir por VIH, cáncer, asma, derrame cerebral, enfermedades coronarias, diabetes, obesidad y mortalidad materna que sus pares blancos, y en comparación con estos tienen más probabilidades de vivir por debajo del nivel de pobreza federal y, por consiguiente, de no contar con seguro de salud.

Según se indica en diversos estudios, hay un correlato entre los altos índices de segregación racial y los resultados de salud deficientes en Estados Unidos, que ahora se hace notorio en el contexto de la Covid-19.

La desigualdad económica en Estados Unidos está estrechamente vinculada a las diferencias raciales en cuanto a ingresos y riqueza. Entre la población negra, el nivel patrimonial y de ingresos es menor y la pobreza es más profunda.

Cerca del 21 por ciento de las personas negras viven por debajo del nivel de pobreza, en comparación con el 8 por ciento entre las personas blancas. El grupo familiar blanco medio tiene un patrimonio 41 veces mayor (calculado como la suma de activos que tiene una familia luego de descontar la deuda total del hogar) al de la familia negra promedio.

Una forma de empezar a abordar muchas de estas cuestiones es a través de un plan nacional de reparaciones. Human Rights Watch apoya desde hace tiempo la propuesta de diseñar un plan con esas características, que dé cuenta de la crueldad de la esclavitud y los perjuicios que se dieron con posterioridad.

También respalda la Resolución 40 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, así como el proyecto legislativo complementario en el Senado S. 1083, para el establecimiento de una comisión que estudie las consecuencias del comercio de esclavos y formule recomendaciones sobre posibles respuestas a los daños causados, incluida una disculpa y medidas de indemnización.

El proyecto de la Cámara de Representantes ha cobrado ímpetu y ha cosechado casi 100 nuevos patrocinadores. Esto es señal de un creciente reconocimiento de la importancia de registrar el impacto de la esclavitud y de las décadas de leyes y prácticas racistas y discriminatorias que se adoptaron con posterioridad, y que subsisten hasta hoy.

“Las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en los últimos tiempos muestran claramente que el enojo y la frustración por la inacción del gobierno, en muchos sentidos, en lo referido a proteger los derechos humanos fundamentales de las comunidades de personas de color ha llegado a un punto de inflexión”, opinó Austin-Hillery.

“Las autoridades federales, estatales y locales deben tomar medidas enérgicas para revertir el daño causado a estas comunidades, y es imperioso que esto empiece ahora”.

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