El fin de la CICIG llegó. Con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de mil 500 personas, logró procesar a más de 660  y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas

“Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana. Que la lucha contra la corrupción sí era posible, que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quien sea la persona a la que se esté investigando, cuál sea su poder político o económico o su prestancia en la sociedad”, afirmó el máximo responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El autor de esta frase es Iván Velásquez. El máximo responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizó estas declaraciones para Noticias ONU unos días antes de finalizar su mandato al frente de ese organismo internacional independiente creado tras un acuerdo entre la ONU y el país centroamericano.

El fin de la CICIG llega este 3 de septiembre tras doce años de actividad en los que ha contado con un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus agencias. 

Durante todos estos años la CICIG, con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de mil 500 personas, logró procesar a más de 660  y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas.

Posiblemente, el caso más famoso que trató la Comisión fue el denominado “La Línea” que se inició el 2015 y en el que se vieron implicados el expresidente del país Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.  Pérez Molina renunció a la presidencia en septiembre de ese mismo año y posteriormente fue encarcelado y procesado por delitos de corrupción. 

Cronología de la desaparición

Para conocer el principio del fin de la CICIG nos hemos de remontar a finales del mes de agosto de 2018, cuando el presidente del país, Jimmy Morales, envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas informándole su intención de no renovar el mandato de la Comisión, una decisión que tomó por sorpresa al Comisionado.

“No era esperable, por inusual, que apenas a la mitad del mandato de los dos años se estuviera anunciando que ya no se renovaba”. Velásquez era consciente de la “gran contrariedad” del presidente tras las investigaciones en las que se vinculó tanto a su persona como a miembros de su familia “y que fueron en realidad reacciones directas porque cuando el 27 de agosto de 2017 me declaró persona no grata fue justamente dos días después de que se presentara un antejuicio en su contra”.

La reacción del 31 de agosto de 2018 se produjo tras la presentación previa de otro antejuicio contra Morales por financiamiento electoral ilícito.

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“Con lo que tomó no solo la decisión del cierre de la Comisión, de la no continuidad. Además de la manera cómo lo hizo: en una alocución pública respaldado por varias decenas de militares como en una demostración de fuerza, mientras al frente de la sede de la CICIG había vehículos militares artillados; y luego, 3 o 4 días después me prohibió el ingreso al país de manera que durante todo este año estuve [trabajando desde] fuera de Guatemala”.

Velásquez recordó que Morales mantuvo esa disposición pese   al fallo de la corte constitucional que dejaba sin efecto la decisión del presidente en la que lo acusaba de ser un peligro para la seguridad nacional.

“En fin, el Gobierno del presidente Morales dijo que no acataba decisiones que ellos refutaban ilegales y que se reservaban el derecho de cumplir las decisiones de la Corte que consideraran que se debían cumplir, ese franco desacato del presidente no le produjo ninguna consecuencia”.

“La ciudadanía guatemalteca tuvo la gran oportunidad de ver cómo se movían los hilos del poder, cómo se funcionaba en las acciones de corrupción, pero también cómo se lograba controlar la respuesta garantizándose la impunidad de la que habían disfrutado por tantas décadas”,  Iván Velásquez.

El mandato de Morales vence a fin de año y el Comisionado no ha mantenido ningún tipo de contacto con el presidente electo, Alejandro Giammattei, vencedor en los comicios celebrados en junio y agosto de este año. Sin embargo, Iván Velázquez espera que el nuevo mandatario mantenga una voluntad firme contra la corrupción 

“Espero que asuma con sinceridad sus propósitos anticorrupción y los desarrolle en el país, porque si algo dejó en claro todas las actividades de investigación de la CICIG con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad es el alto grado de corrupción en el país, que la hemos caracterizado como sistémica, estructural, que ha producido una verdadera captura del Estado. Esperamos que se den cuenta de la gravedad de la situación en Guatemala”.

Esta “captura del Estado”, como la define el Comisionado, facilita también las acciones del narcotráfico en el país “con toda la gravedad que esto representa para Guatemala, que es un país muy importante como parte de la travesía de la droga que desde el sur del continente llega hasta Estados Unidos, y que ha significado también una situación muy complicada en el interior del país por el gran poder que los grupos de narcotraficantes han venido adquiriendo”.

La CICIG consiguió tocar el corazón del poder en Guatemala y su personal encaró obstáculos constantes que, no obstante, no impidieron conseguir que siguiera adelante con su trabajo, un compromiso que Velásquez elogió.

“Personas a las que se les canceló el visado o que no se les renovó y que estuvieron fuera del país, aunque no existía una alerta migratoria de manera que podían regresar al país, ellos, asumiendo ese riesgo, regresaron y continuaron trabajando hasta el último momento”.

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