Frente a la queja de los militares señalados de ejecuciones extrajudiciales en el Caso Tlatlaya, el ombudsman Luis Raúl González Pérez defiende la versión de la CNDH

Luis Raúl González Pérez, el procurador de los derechos humanos de los mexicanos, defendió la versión de ejecuciones extrajudiciales en el Caso Tlatlaya y advirtió a los militares que fueron puestos en prisión y luego liberados que entre las instituciones del Estado mexicano “no hay adversarios” y que los señalamientos fueron por las conductas violatorias a los derechos humanos.

Teniendo como marco la ceremonia de la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de la Marina (Semar) en materia de promoción, prevención y difusión de los derechos humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, defendió la versión del Caso Tlatlaya, en la que se advierte de la muerte de 22 civiles por parte del Ejército y que de estos en por los menos 12 se comprobó ejecución extrajudicial.

Las expresiones de González Pérez se deben a los soldados que fueron señalados de cometer las ejecuciones extrajudiciales y que fueron encarcelados y posteriormente liberados, interpusieron ante la propia CNDH una queja por haber actuado indebidamente.

El ombudsman nacional manifestó que dentro de las instituciones que integran al Estado Mexicano “no hay adversarios, ni debe haber confrontaciones” y que todas las instituciones de la República comparten objetivos e intereses comunes.

Asimismo, Luis Raúl González externó que “cuando se determina una violación a los derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”.

Como es sabido, el 21 de octubre el 2014, la CNDH emitió una recomendación sobre el Caso Tlatlaya, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el gobierno del Estado de México.

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