De la alta política a la celda: las investigaciones por enriquecimiento ilícito y narcotráfico que cercan al consultor argentino Fernando Cerimedo
Desde el penal de Palmasola, el ex asesor político enfrenta una tormenta judicial impulsada por el testimonio de una testigo protegida, allanamientos millonarios y severas contradicciones.
- El colapso en Palmasola y las sospechas de enriquecimiento ilícito
El consultor político Fernando Cerimedo, reconocido por su desempeño como asesor del mandatario argentino Javier Milei, permanece recluido en el penal de Palmasola tras dictarse una segunda orden de prisión preventiva en su contra.
La fiscalía de La Paz cercó su entorno dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito, ejecutando cinco allanamientos en sus propiedades donde los investigadores decomisaron 100 mil dólares en efectivo en distintas divisas y documentación de transferencias al extranjero por 400 mil dólares.
Durante las diligencias del Ministerio Público, el comportamiento del consultor acentuó las sospechas.
Cerimedo rechazó responder 159 de las 219 preguntas formuladas por los fiscales, amparándose reiteradamente en la frase «no tiene que ver con el caso».
Asimismo, incurrió en notorias contradicciones al declarar inicialmente que percibía ingresos por un millón de dólares mensuales, para luego rectificar y sostener que se trataba de una suma anual.
Aunque el consultor insiste en que no posee actividad económica en Bolivia ni asesoró al mandatario Rodrigo Paz, su postura colisiona frontalmente con fotografías y mensajes que lo registran junto al presidente boliviano en Miami, en el avión presidencial y en la Casa Grande del Pueblo, incluyendo un texto atribuido a Cerimedo donde afirmaba estar redactando un discurso para el jefe de Estado.
- El desvío sistemático de combustible en el mercado negro
El pilar de las nuevas acusaciones descansa sobre el testimonio de la abogada Nadia Beller, testigo protegida y víctima de un intento de feminicidio por el cual tres ciudadanos colombianos se encuentran prófugos.
Bajo estricto resguardo policial, Beller alistó la entrega formal de información ante la fiscalía paceña para detallar una presunta red de despojo de recursos estatales.
Según la versión adelantada por la testigo, Cerimedo habría articulado una maniobra junto a Bibi Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz, para desviar diariamente 2 millones de litros de combustible pertenecientes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El carburante sustraído era supuestamente comercializado en el mercado negro, generando ganancias ilegales estimadas en un millón de pesos bolivianos al día (aproximadamente 150 mil dólares diarios).
III. 189 kilos de oro con destino a Dubái y firmas fantasma
Las indagaciones abarcan asimismo un intento de contrabando de valores de escala internacional. El pasado 23 de julio, autoridades aeroportuarias decomisaron en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra) 189 kilogramos de oro, valuados en cerca de 25 millones de dólares, distribuidos en cuatro valijas con destino a Dubái. El cargamento era transportado por Adrián Lema Roca, de 22 años.
Las investigaciones revelaron el uso de documentación falsa y firmas comerciales no acreditadas. Si bien la testigo protegida vinculó al joven transportista con Catalina Paz (hija del presidente) y con el propio Cerimedo, las verificaciones aclararon que Lema Roca no era su compañero de aula, sino que asistían al mismo centro de estudios y era un hermano de este quien compartía clases con la hija del mandatario.
Hasta la fecha, la fiscalía no ha acreditado formalmente una relación societaria entre Cerimedo y la operación del oro.
- Pistas clandestinas, radares y la sombra del narcotráfico en Beni
El escenario judicial más grave se extiende hacia el departamento de Beni, donde el fiscal general Roger Mariaca confirmó la apertura de una causa por presunto narcotráfico ante el supuesto despegue y aterrizaje de avionetas cargadas con cocaína.
De acuerdo con las revelaciones de Beller, Cerimedo habría intervenido para facilitar el tránsito expedito de las aeronaves mediante la manipulación de radares y la supuesta instalación de transpondedores.
La acusación señala que los dispositivos no eran colocados, permitiendo que ni las aeronaves ni sus tripulantes fueran interceptados. La fiscalía de Beni investiga actualmente si el terreno empleado para estos vuelos pertenecía a Cerimedo o a personas vinculadas a su entorno.
