Ante senadores y diputados Ismael del Toro, presidente de Guadalajara, se pronunció en contra de una Guardia Nacional no militarizada  

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, se pronunció porque senadores y diputados federales legislen sobre una Guardia Nacional no militarizada y que no minimicen la profesionalización de las policías municipales.

En seis punto el alcalde tapatío hizo su posicionamiento ante la iniciativa de reforma constitucional que dará paso a la Guardia Nacional y que el 16 de enero en el Congreso de la Unión se iniciará la discusión legislativa.

Entre los puntos que puso a discusión está la no militarización de la Guardia Nacional, la no centralización de la estrategia de seguridad, que este cuerpo no esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional por cinco años, que no den a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad pública, entre otros.

En su intervención destacó los siguientes puntos:

“UNO.- El dictamen apunta de manera preocupante a relegar a las policías estatales y municipales, ya que se apuesta con todo, a la configuración de una Guardia Nacional de corte militar, quedándose de manera alejada el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad pública de los estados y municipios, desdeñando así la importancia de su fortalecimiento y minimizando la trascendencia de lograr su efectividad y profesionalización, ya que a la fecha no se consideran en la propuesta, obligaciones concretas para las policías de todo el país, orientadas a su mejora y profesionalización.

El programa de reestructuración y fortalecimiento de las corporaciones que se ha contemplado hasta ahora, parece limitado, ya que se enfoca en definir los mecanismos de intervención y las sanciones federales, más que los instrumentos que requieren las policías de los estados y municipios, para mejorar la eficiencia y efectividad en sus servicios.

No apostarle a fortalecer a las policías e instituciones civiles de seguridad pública, significa ir en contrasentido de la consolidación democrática y el fortalecimiento institucional de nuestro país, derivando a que la toma de decisiones se concentre en la federación y tutelar a los estados y municipios en esta materia, dejando de lado la construcción paralela de las bases institucionales que permitan a estados y municipios, ser autosuficientes en la implementación de sus políticas de seguridad.

Históricamente, este tipo de concentración de facultades en la federación, ha dejado claro que lejos de resolver problemas, los intensifica y arraiga con el paso del tiempo, además de que burocratiza la atención, ralentiza la ejecución y resulta muy costoso, sobre todo socialmente, para los municipios más alejados del centro geográfico en el que se da la toma de decisiones.

DOS.- La preocupación en torno a una estrategia de centralización se profundiza cuando identifica dos elementos de invasión de atribuciones en dicha reforma: el primero al plantear el dictamen que el ejecutivo “reglamente” las policías auxiliares de las entidades federativas y los cuerpos de seguridad privada, y el segundo al permitir que el Ejecutivo obtenga y articule información que generen las instituciones de seguridad y sus centros de monitoreo. En este sentido el Gobierno de Guadalajara,  está a favor de la colaboración interinstitucional en el marco del respeto al pacto federal, pero siempre y cuando, no de invada de forma arbitraria la autonomía de los estados y municipios, misma que la propia constitución postula y resguarda.

TRES.- Preocupa que la Guardia Nacional esté completamente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante los próximos 5 años, ya que militarizaría por completo sus funciones y operación, por varias razones: la primera, es un periodo demasiado extenso que podría hacer permanente la presencia de un cuerpo militarizado en los estados y municipios; segundo, porque abarca prácticamente todo el sexenio, lo que limitaría al Ejecutivo Federal, a realizar ajustes a mitad de su periodo, en caso de que se identifiquen insuficiencias, áreas de mejora, o riesgos urgentes por atender, en la implementación de la política de seguridad propuesta.

CUATRO.- El esquema dual que plantea el dictamen para la Guardia Nacional posterior a estos primeros cinco años, al dejar la planeación, programación y ejecución de funciones de la misma a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y por otro lado su estructura, régimen laboral, y profesionalización a la Secretaría de la Defensa Nacional, podría derivar en una confusión de competencias, una desarticulación de las políticas y acciones a implementar e incluso en una parálisis funcional, de darse fricciones entre las cabezas de ambas secretarias.

CINCO.- El dictamen sigue derivando en las Fuerzas Armadas, la responsabilidad de responder prácticamente en su totalidad a la crisis interna de seguridad, cuando dicha obligación constitucional es de todos los órdenes de gobierno y fuerzas civiles.

SEIS.- El transitorio sexto del dictamen aprobado, prevé que en los primeros tres años tras la entrada en vigor del decreto, se realizará una reestructura orgánica y funcional a cargo del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, como condición para  que reasuman el control de la seguridad las instituciones civiles de seguridad pública.

Si bien, el transitorio séptimo prevé algunos elementos diagnósticos para determinar, qué instituciones civiles de seguridad, serán intervenidas por la Guardia Nacional, son tan generales, que preocupa que parezca un cheque en blanco, el cual deja abierta la posibilidad para que de forma indistinta, la Guardia Nacional se apropie de las funciones previstas en la constitución para los estados y municipios”.

Ismael Del Toro, planteó cinco propuestas:

1.- La reforma constitucional en materia de seguridad pública, debe orientarse a fortalecer las policías e instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno.

2.- Retirar las facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo Federal que trasgreden el pacto federal mexicano, ya que los acuerdos de la era de consolidación democrática que está arrancando en el país, deben estar fundados en el respeto a la autonomía de estados y municipios, y construidos a partir de un diálogo abierto, transparente y plural y del reconocimiento de las atribuciones y facultades de cada una de las entidades políticas que forman parte de nuestra federación.

3.- Se propone un mando civil para la Guardia Nacional y la realización de una evaluación a tres años de su implementación, que permita reorientar y acotar su ejercicio en caso de ser requerido.

4.- Orientar la reforma para que los estados y municipios logren a corto, mediano y largo plazo, desempeñar de manera eficiente la responsabilidad de la seguridad, a efecto de que en un periodo especificado en la reforma, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa, regresen a atender exclusivamente las tareas que la constitución les mandata y a las cuales responde su formación y misión esencial.

5.- En esta reforma se contemplan elementos propios de leyes secundarias, el texto constitucional no puede y no debe ser reformado a la luz de coyunturas temporales, sino que debe concebirse y resguardarse, como el contrato social que enmarca las relaciones de convivencia de nuestra federación, de forma que trascienda la inmediatez y brinde certeza de las reglas que rigen el futuro de la nación.

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