Los decretos sobre el agua de Enrique Peña Nieto privatizan y abren la puerta a serios conflictos sociales. Permite a transnacionales uso de agua a su antojo: Manuel Bartlett

En conferencia de prensa el senador Manuel Bartlett presentó un documento de 10 puntos para oponerse a los decretos sobre el agua del presidente Enrique Peña Nieto por los cuales “se beneficia a los privilegiados del sistema en detrimento de los más pobres y excluidos”.

A continuación se presenta el contenido del documento expuesto por el Coordinador de los Senadores PT-Morena:

La supresión de las vedas se realiza al final del mandato de Enrique Peña Nieto, pero es una supresión que trasciende este sexenio y tendrá impactos económicos y sociales en los próximos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal. Se trata de un doble albazo: político y jurídico.

Andrés Manuel López Obrador ya anunció en Tepic que esos decretos serán revocados cuando él sea presidente porque son “madruguetes jurídicos” inaceptables por su opacidad y ausencia de legitimidad política.

Jurídicamente los decretos al no estar fundados y motivados exhaustivamente no dejan en claro cuál es el propósito. Nosotros entendemos que es para beneficiar a las empresas trasnacionales que explotan el agua.

Los decretos jurídicamente presentan muchas deficiencias:

A nivel constitucional no se fundamentan en el párrafo sexto del Artículo 4 de la Constitución que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe la mercantilización de esos recursos.

A nivel constitucional tampoco se fundamentan en el Artículo 2 de la Constitución apartado A fracción VI que reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat.

No se fundamentan en el Convenio 169 de la OIT. No se realizó una consulta a los pueblos originarios de manera previa, libre e informada.

No se toma en consideración la Observación General número 15 de la ONU sobre el derecho humano al agua ni los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esas normas obligan a que las políticas públicas del agua se realicen bajo los principios de no discriminación y de participación popular.

El decreto no expone estudios de académicos ni de técnicos independientes, tanto del gobierno como de las trasnacionales del agua.

La eliminación de las vedas es para extender la lógica de las concesiones, sobre todo a favor de las trasnacionales del agua.

Si se mantienen estos decretos estamos al inicio de serios conflictos sociales por el agua.

Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no se renovaron a tiempo. En este momento hay 50 mil concesiones caducadas, principalmente de los pueblos originarios, ejidatarios y comuneros.

Son decretos neoliberales para beneficiar a los privilegiados del sistema en detrimento de los más pobres y excluidos.

Por eso le debemos exigir a Peña Nieto la revocación de todos los decretos en esta materia, y demandar la destitución de Roberto Ramírez de la Parra, Director General de CONAGUA por su irresponsabilidad manifiesta y violación del interés general.

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