En San José de Iturbide, entre cambios de uso de suelo express, multas irrisorias y aplausos multipartidistas, una terminal de almacenamiento de combustible creció a espaldas de la comunidad
En una intervención histórica, las autoridades federales aseguraron un millonario inventario de petrolíferos en la terminal de San José de Iturbide, destapando años de irregularidades urbanísticas, sospechosas ‘donaciones’ municipales y la complacencia de administraciones locales y estatales.
En una operación decisiva para frenar las irregularidades en la cadena de distribución de petrolíferos en Guanajuato, el gobierno federal ejecutó un decomiso masivo en la terminal de almacenamiento ubicada en la comunidad de La Fragua, municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.
La intervención de las fuerzas y dependencias federales puso al descubierto una red de omisiones que operaba en el kilómetro 56 de la carretera federal 57, asegurando un volumen total de 59.03 millones de litros de combustible.
El inventario bajo la lupa
Frente al descontento social y los señalamientos de irregularidades, la administración municipal morenista encabezada por Edgar Montes de la Vega sostuvo que colaborará con las autoridades federales y estatales en las diligencias correspondientes para evitar actos de corrupción.
Mientras tanto, el volumen exacto registrado en las instalaciones refleja la magnitud del hidrocarburo en juego: 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.
Las sombras del origen: Permisos sobre la marcha y la ‘donación’ de un millón
El decomiso concretado por el gobierno federal echa luz sobre el origen opaco del complejo logístico. La infraestructura arrancó con ilegalidades cuando la empresa Gas Natural del Noroeste comenzó la edificación de contenedores de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo obligatorio, conducta que apenas fue castigada con una multa municipal de 150 mil 980 pesos.
A pesar de la falta, el Ayuntamiento encabezado por el alcalde César Rodríguez Zarazúa (PVEM) avaló el cambio de propietario a favor de la empresa y aprobó la ampliación del uso de suelo, dictaminando la factibilidad inicial para cuatro tanques con capacidad superior a los 38 millones de litros.
La relación entre la empresa y las autoridades locales se afianzó en mayo de 2017, cuando el Cabildo aceptó formalmente la donación de un millón de pesos por parte de la misma compañía sancionada, recursos que el pleno etiquetó para la compra de un camión recolector de basura.
Alfombra roja multipartidista y expansión desmedida
Con las instalaciones en marcha bajo la gestión de Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan —y con permisos otorgados por la ASEA y la Semarnat—, el centro fue inaugurado en diciembre de 2017. Al corte de listón asistieron el entonces secretario de Energía del gobierno federal peñista, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el alcalde ecologista César Rodríguez Zarazúa.
Pocos meses después, en febrero de 2018, el Ayuntamiento aprobó incrementar la capacidad autorizada de 240 mil a 615 mil barriles mediante cinco tanques adicionales, alcanzando un volumen total de 97.7 millones de litros de petrolíferos. Para octubre de 2019, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo celebraba públicamente la llegada de los primeros ferrotanques con hidrocarburo importado de la petrolera Shell a esta misma terminal hoy intervenida.
La protesta social y la investigación en curso
Mientras la planta escalaba su volumen operativo, los habitantes de La Fragua formaron en febrero de 2019 el Movimiento de Comunidades Unidas para frenar la proliferación de contenedores. Las familias denunciaron que la terminal alteró su vida cotidiana, generó riesgos latentes para planteles escolares cercanos, propagó continuos olores a hidrocarburo y forzó restricciones a sus festividades tradicionales.
La dimensión del peligro era tal que en junio de 2018 Protección Civil impartió talleres de emergencia a los cuerpos de bomberos locales y a la Cruz Roja.
Tras el aseguramiento de los combustibles por parte del gobierno federal, el alcalde morenista Edgar Montes de la Vega confirmó que su administración colaborará abiertamente con las autoridades federales y estatales en las diligencias legales correspondientes, con el compromiso de esclarecer los hechos y evitar actos de corrupción que pongan en riesgo a las comunidades iturbidenses.
