La geometría del poder: El apellido Frangie por encima de la ley y del agua de Huaxtla. La relación filial entre el procurador ambiental y el alcalde de Zapopan detiene los castigos por el vertido de lixiviados
Bajo la administración del alcalde Juan José Frangie en Zapopan, la crisis ambiental del río Milpillas y las emblemáticas cascadas de Huaxtla se ha intensificado de forma alarmante. Lo que alguna vez deslumbró por sus aguas azul turquesa amaneció convertido en un caldo cobrizo y pestilente por el derrame continuo de lixiviados provenientes del relleno sanitario municipal de Picachos y de la empresa privada Hasar’s.
Durante más de diecisiete años, el jugo nocivo de la basura de dos ciudades ha descendido hacia la barranca, colocando al gobierno de Frangie en el centro de severas denuncias públicas y presión política.
El clamor ignorado de las comunidades y la simulación oficial
Las comunidades de Ixcatán, La Soledad, San Lorenzo y Milpillas son las principales afectadas por esta contaminación. Sus habitantes no solo han fotografiado cómo el afluente tóxico seca sus huertas y amenaza la cuenca del Río Santiago, sino que han denunciado el problema desde 2009, cuando el Cabildo de Zapopan firmó un convenio que quedó archivado.
La falta de respuesta oficial se evidenció en septiembre, cuando inspectores de la Profepa no acudieron a una cita programada con los pobladores en las cascadas, atribuyéndolo a una «descoordinación».
Un escandaloso conflicto de interés: El hijo vigilando al padre
El aspecto más polémico de la gestión municipal radica en la supervisión de los tiraderos. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), encargada de la inspección, está dirigida por Iker Frangie, abogado inmobiliario e hijo del alcalde de Zapopan.
La crisis ambiental mantiene bajo una severa presión política al gobierno municipal de Zapopan, encabezado por el alcalde Juan José Frangie. El caso adquiere matices de escándalo ante un evidente conflicto de interés institucional: el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie, es hijo del propio presidente municipal.
A pesar de carecer de trayectoria ambientalista y desempeñarse como abogado inmobiliario, el procurador encabezó las inspecciones al vertedero, donde se detectó que los cárcamos operaban al ochenta por ciento de su capacidad.
Tras hallar los cárcamos del vertedero operando al ochenta por ciento de su capacidad, la Proepa evitó aplicar sanciones o clausuras y se limitó a dictar «medidas de urgente aplicación» como rebombeos y taludes.
Pese a las críticas, el alcalde Juan José Frangie ha sostenido que no existe un conflicto de interés argumentando que la vigilancia le corresponde al estado.
Exigencia de auditorías y acusaciones de omisión penal
Ante lo que diversos sectores califican como una muestra de impunidad institucional, regidores y legisladores de Morena presentaron denuncias formales ante la Profepa y solicitaron auditorías independientes a la Conagua.
Asimismo, han cuestionado que el ayuntamiento mantenga relaciones financieras con la empresa Hasar’s a pesar del daño ecológico documentado. Dado que el Código Penal de Jalisco sanciona las omisiones que otorgan ventajas indebidas, se exige que las autoridades investiguen de oficio una estructura donde el hijo supervisa al padre y la responsabilidad ambiental queda sofocada entre los desperdicios.
