Con acusaciones mutuas de repartición de cuotas, diputados del PRI, PAN y PRD consumaron la ratificación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Administrativo del Estado
El reparto de cuotas partidistas en la impartición de justicia fue lo que echaron en cara los diputados del bloque opositor del G-9 al PRI, PAN y PRD en relación a la ratificación de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y cinco del Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso del Estado procedió a ratificar a los magistrados Sabás Ugarte Parra, Federico Hernández Corona y Antonio Fierros Ramírez, todos de la Décima Primera Sala de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ).
Cabe mencionar que este nombramiento estaba a vencerse el 14 de febrero por lo que los diputados locales apuraron a hacer el procedimiento para la ratificación, aunque el bloque opositor del G-9 (Clemente Castañeda, Fabiola Loya, Verónica Delgadillo, Julio García y Salvador Zamora, de Movimiento Ciudadano; Alberto Esquer Gutiérrez y Víctor Sánchez Orozco, del Partido Acción Nacional, y el diputado independiente Ricardo García Rodríguez).
En lo que respecta al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) se vence el plazo el 7 de marzo aunque los diputados llevaron a cabo el nombramiento en la misma sesión.
Los magistrados a quienes se les venció el plazo con Armando García Estrada, Patricia Campos González, Alberto Barba Gómez, Víctor Manuel León Figueroa y Horacio León Hernández.
En discusión en tribuna el diputado albiceleste Víctor Manuel Sánchez Orozco fue categórico y directo al advertir sobre el reparto de cuotas partidistas en los cargos del Poder Judicial y sentenció que el “Poder Legislativo sigue pactando las cosas en lo oscurito”.
Los retó a que los cargos de magistrados estuvieron sujetos a los estándares de del Instituto Mexicano para la Competitividad y en primer lugar a los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al tiempo que exigió que los candidatos a ratificación comparezcan ante el pleno del Congreso y que además hagan pública su declaración patrimonial para compararla con los ingresos de magistrado.
Consideró que los hoy magistrados antes descritos no deben ratificarse porque no se cumple con los requisitos que marca el Máximo Tribunal del país y alertó que lo estarían haciendo en automático.
Por su parte, el diputado independiente Ricardo Rodríguez Jiménez se dirigió directamente a la que fuera su bancada parlamentaria, la del Partido Acción Nacional (PAN), y les recordó aquellas reuniones que sostuvieron antes de tomar protesta en la LX Legislatura.
Pero antes de describir aquellos tiempos, se refirió al discurso del diputado Juan Carlos Márquez Rosas, presidente de la Comisión de Justicia, quien dejó en entredicho y en plena tribuna el reparto de cuotas partidistas.
Luego, reseñó las buenas intenciones que tenía la bancada blanquiazul cuando “todos sabíamos que estaba mal hecho” lo del reparto de cuotas. Y alertó que en el cobro de plazas de magistrados se jugaban millones de pesos y que luego éstos llegaban a los tribunales de justicia a recuperar el pago y lo peor “iban por su ganancia”.
Subrayó que los que pagaban ese reparto de cuotas son “aquellos que no asistía a la justicia”.
“Eso decíamos en las reuniones del grupo parlamentario del PAN antes de tomar protesta”, atinó.
Rodríguez Jiménez se promulgó por garantizar un proceso transparente de casa a la sociedad, académicos, instituciones para que fueran los mejores nombrados.
El presidente del Congreso del Estado, Héctor Pizano Ramos, reviró a los oradores que le antecedieron y les echó en cara que tuvieron dos meses, desde el 9 de diciembre, para inconformarse, dado que desde esa fecha conocieron de los dictámenes y peor los indicó que si se quejan de los criterios que le pidan a la SCJN que los cambie.
RATIFICACIÓN POR 10 AÑOS MÁS
Si los diputados quisieron renovar la Sala Penal de Justicia para Adolescentes se les hizo imposible, pues el plazo a vencerse, pero ese no fue la manzana de la discordia entre los legisladores sino la repartición de cuotas partidistas y en ese conflicto de intereses Antonio Fierros Hernández no fue ratificado en la Onceava Sala Penal de Justicia para Adolescentes, con 37 votos en contra, un voto a favor y una abstención. Esta posición pertenecía al senador blanquiazul José María Martínez Martínez.
En ese juego de las formas la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se quiso blindar ante la opinión pública, sabedores que sólo la votación electrónica dejaría huella en la minuta de la sesión. Pues mostraron su incongruencia votando en contra los dictámenes de los magistrados y ya en las papeletas para la ratificación que es por voto secreto se inclinaron por ratificarlos por 10 años más.
En ese supuesto se encontraron los magistrados Sabas Ugarte Parra y Federico Corona Hernández, dictámenes que fueron votados en contra con 18 votos, en los que figuran las bancadas de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional.
El magistrado Sabas Ugarte Parra quedó ratificado con 30 votos a favor y 9 en contra. Federico Hernández Corona quedó ratificado por 10 años más con 30 votos a favor y 9 en contra.
En lo que respecta al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, los magistrados más polémicos fueron los más votados y es el caso de Alberto Barba Gómez, quien fue ratificado con 32 votos a favor y 7 en contra, ganando la simpatía de dos diputado del G-9.
Y el más polémico Armando García Estrada conservó el cargo en el TAE con 31 votos a favor y 8 en contra. El magistrado Horacio León Hernández, fue ratificado con 29 votos y 10 en contra.
Quienes no fueron favorecidos fueron dos magistrados del TAE, los diputados le cerraron la puerta para continuar en el Tribunal Administrativo Víctor Manuel León Figueroa con 33 en contra y seis a favor.
La misma suerte sufrió Patricia Campos González, dado que 34 magistrados le dijeron no y cinco votaron por su permanencia. No cabe duda que a la ex funcionaria judicial le cobraron factura por haber autorizado a la fracción de Movimiento Ciudadano y a Enrique Alfaro la medida cautelar que echó la primera intentona por incrementar el transporte pública cuando apenas se había estrenado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz como gobernador de Jalisco.
Ha trascendido que las tres vacantes serán repartidas entre el PRI, PAN y PRD, toda vez que juntos alcanzaron la mayoría calificada la ratificación de cinco magistrados.
