CNDH presentó ante instancias internacionales de derechos humanos su recomendación en el Caso Iguala. Refrendó con las víctimas el derecho a la verdad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrendó ante diversas instancias internacionales su compromiso con las víctimas del Caso Ayotzinapa y con el Derecho a la Verdad de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en que perdieron la vida 6 personas, 42 más resultaron lesionadas y desaparecieron 43 estudiantes normalistas.

Subrayó que el alcance y duración del trabajo desarrollado que dio como resultado la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos 15VG/2018, enfrentó la falta de información confiable remitida por las autoridades que en ámbitos distintos desarrollaban la investigación del caso, así como por las negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la Recomendación representa lo más apegado a la verdad de lo ocurrido en dicho caso abominable, que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta México, de ahí que haya hecho públicas sus evidencias.

Reiteró su disposición a que se estudien, analicen y discutan, lo que es de especial relevancia y utilidad en cuanto a la evidencia científica y opiniones expertas, por lo que enfatiza su postura de que la ciencia hable.

Asimismo, dio su bienvenida a la Comisión de la Verdad puesta en marcha por el Gobierno de la República y destacó su decisión a colaborar con ella desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales.

La Recomendación 15VG/2018, que contiene 128 Puntos Recomendatorios específicos, fue presentada en sendas reuniones ante la Unión Europea con la representación especial para los Derechos Humanos en Bruselas, Bélgica, en la sede de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Para la CNDH, su investigación para determinar violaciones a derechos humanos confirma la existencia de una vinculación clara y previa entre autoridades y crimen organizado, así como connivencia o confabulación de autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante tales vínculos.

Destacó que una prioridad básica para la CNDH ha sido conocer el paradero y destino de los estudiantes normalistas desaparecidos, por lo cual llama la atención para que de los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, se analice genéticamente la muestra de 114 restos óseos y odontológicos seleccionados por el equipo pericial de la CNDH y que están bajo el resguardo de la ahora Fiscalía General de la República a efecto de que se determine si corresponden o no a los normalistas desaparecidos.

El Organismo Autónomo mexicano expuso que el examen de los restos óseos encontrados podrá definir con certeza el destino de los estudiantes hasta ahora considerados como desaparecidos; estima que, como primera acción, las instancias de Gobierno deben enviar a la Universidad de Innsbruk, Austria, los restos propuestos por la CNDH para que sean analizados genéticamente y se determine si corresponden o no a los normalistas de Ayotzinapa.

La identidad de los mismos es trascendente ante la realidad de 40 mil personas desaparecidas en el país.

Se explicó que dicho documento recomendatorio está dirigido a 17 autoridades, que son la Presidencia de la República, Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública y de Educación Pública, así como a la entonces Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República—, las Comisiones Nacional de Seguridad y Ejecutiva de Atención a Víctimas, los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Gobernador de Guerrero, Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Salud local, Mesa Directiva del Congreso de Guerrero y los gobiernos municipales de Iguala y Cocula, así como al Gobernador del Estado de México.

Así fue expuesto por el ombudsperson nacional mexicano Luis Raúl González Pérez y por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, ante Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos; Barbara Bernath de la Asociacion para la Prevencion de la Tortura; y en el Palacio de las Naciones, sede de la ONU, en sesión presidida por Jorge Araya, secretario del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, a quienes se comentó que el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación del caso –como la Comisión de la Verdad— tendrá en la investigación de la CNDH la base, guía y orientación para continuar con una investigación objetiva e integral que determine las responsabilidades que se deriven del asunto.

En dichos encuentros realizados en Bruselas Bélgica y Ginebra, Suiza, se informó que la determinación sobre la existencia de violaciones graves a los derechos humanos emitida por la CNDH fue producto de una investigación exhaustiva, multidisciplinaria, científica e integral, que consta de un millón 100 hojas, integradas en mil 255 tomos y 165 anexos, la cual constituye, hasta donde el estado actual de cosas lo ha permitido, la mayor sistematización e integración de información que se tenga, derivada del cúmulo de evidencias y elementos de convicción existentes sobre lo sucedido en Iguala, Guerrero.

Finalmente, se dio a conocer que entre las muchas diligencias practicadas por la CNDH están 672 entrevistas, 500 acciones de atención a víctimas, 223 intervenciones periciales, 2,927 revisiones periciales, revisión de mil 128 tomos correspondientes a 41 expedientes penales y judiciales, realización de 724 visitas de campo y formulación de 1,890 requerimientos de información a autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno y a instancias privadas.

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