CIDH reconoce los avances en investigación del Caso Pegasus y llama a las autoridades de México a velar por la integridad de las víctimas y las personas vinculadas al proceso

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los avances registrados en el marco de la investigación judicial sobre la utilización del software Pegasus en México con el fin de espiar a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas con liderazgo público que ejercían oposición al gobierno.

Asimismo, llama al Estado a intensificar sus esfuerzos en el pleno esclarecimiento de los hechos y en la sanción efectiva de los responsables, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas y sus representantes, así como a operadores judiciales y personas vinculadas al proceso judicial.

De acuerdo a la información disponible, el 1 de noviembre, la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo a un individuo en la ciudad de Querétaro por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software Pegasus.

La persona procesada habría sido integrante de Proyectos y Diseño VME, una de las compañías que adquirió el software, según indican reportes de fuente pública. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de la República, el individuo habría sido puesto a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.

Asimismo, ese mismo día, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), habrían formulado imputación en contra del detenido por su probable responsabilidad penal dolosa, con el agravante de ser cometido en contra de una persona periodista y con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión, tal como prevé la legislación federal mexicana. Como medida cautelar, se habría determinado su prisión preventiva, según pudo conocer esta Oficina.

La Relatoría saluda esta medida, que constituye un paso trascendental en la investigación de los hechos denunciados el pasado mes de agosto por la CIDH, la RELE y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto a la utilización del software Pegasus para espiar a distintas personalidades públicas que participan activamente del debate público y político.

Sin embargo, esta Oficina considera que, aunque relevante y trascendente, esta medida resulta por sí sola insuficiente ante la complejidad y dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos meses.

Desde 2017, la información revelada públicamente ha permitido conocer múltiples víctimas de intentos de espionaje a través del software Pegasus, incluyendo a los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Lloret de Mola y Azam Amhed, además de Cecilio Pineda, reportero asesinado en el estado de Guerrero en 2017.

También habrían sido blanco de vigilancia ilegal los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); el juez de la Corte Interamericana Eduardo Ferrer Mac-Gregor; y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, establecido para investigar la desaparición masiva de estudiantes en Iguala en 2014.

Tal como fue observado por esta Oficina en un comunicado, al momento de los ataques estas personas investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o trabajaban en la defensa de graves violaciones a los derechos humanos. Según información pública, casi un tercio de los 50 mil números telefónicos presuntamente identificados para espionaje estarían basados en México, por lo que habría sido apuntado como uno de los Estados con mayor interés en la adquisición del software malicioso.

En este contexto, para la Relatoría Especial este avance acentúa las obligaciones de debida diligencia, exhaustividad y celeridad de la investigación en curso. En consecuencia, esta oficina exhorta y anima al Estado de México a continuar sus esfuerzos en la investigación de los hechos de forma completa, efectiva e imparcial.

Asimismo, insta a las autoridades a velar por la protección de la integridad de las víctimas y sus representantes, a las personas imputadas, y de todas aquellas personas vinculadas al proceso judicial, incluyendo a los operadores judiciales, de modo de evitar posibles presiones indebidas que busquen alterar la investigación o la expectativa de justicia ejemplarizante que garantice la no repetición de los hechos.

Tratándose de una instancia particularmente trascendente, esta Oficina considera de suma relevancia que el Estado active todos los mecanismos a su disposición con el fin de asegurar la cooperación de todas las agencias del Estado y entidades privadas que cuenten con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, y tal como fuera señalado por un comunicado previo, la Relatoría Especial reitera el llamado a la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia hasta que se establezcan marcos normativos en sintonía con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

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