CIDH expresa preocupación ante respuesta lenta e incompleta del Estado de Guatemala al cumplirse un año de la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción

Con ocasión del primer aniversario desde los trágicos hechos ocurridos en el Hogar Virgen de la Asunción, en Guatemala, en el cual perdieron la vida 41 niñas y al menos otras 15 resultaron con graves quemaduras y afectaciones psicológicas, la CIDH extiende su solidaridad con los familiares de las víctimas y con las niñas sobrevivientes y sus familias, y urge al Estado de Guatemala a que prosiga adoptando medidas para que hechos similares no vuelvan a repetirse y para asegurar la protección y el bienestar de las sobrevivientes.

En el contexto de los hechos ocurridos en el Hogar Virgen de la Asunción, la Comisión Interamericana, mediante la Resolución 8/17 de 12 de marzo de 2017, otorgó la Medida Cautelar No. 958-16 y solicitó al Estado de Guatemala que adoptara un conjunto de medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el Hogar Seguro Virgen de Asunción.

Entre ellas, la Comisión solicitó al Estado que prestara la atención y tratamientos adecuados a las niñas que habían resultado con graves quemaduras u otras afectaciones físicas o psicológicas como resultado del incendio; emprender medidas efectivas para promover la reintegración a sus familias, cuando sea posible y con los apoyos necesarios, o identifique alternativas de cuidado que sean más protectoras; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y así evitar su repetición.

Con posterioridad, la Comisión hizo seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar en una visita de trabajo de la Relatora de niñez realizada en el mismo mes marzo, y durante su visita in loco al país en agosto del 2017.

Al cumplirse un año de esta tragedia, la Comisión nota que el abordaje de las problemáticas ha sido lento e incompleto, en desconocimiento del grave contexto de desprotección de la niñez en el país que reclama una respuesta urgente.

La CIDH alerta de la falta de apoyo integral en términos médicos, materiales y psicológicos para las sobrevivientes y los familiares de las víctimas, y nota con preocupación una mora en el proceso judicial contra los responsables.

Asimismo, a la Comisión le preocupa seriamente la falta de seguimiento a la situación de las niñas que fueron desinstitucionalizadas del Hogar Virgen de la Asunción y reintegradas a sus familias, desconociéndose su situación actual, así como la ausencia de apoyos adecuados a las familias para poder hacerse cargo adecuadamente de ellas.

La Comisión exhorta al Estado a que acelere la implementación efectiva del plan de respuesta para atender de modo integral a las sobrevivientes y a las familias de las víctimas; adopte un mayor compromiso con el proceso de desinstitucionalización de niñas y niños en el país y con la implementación de políticas para apoyar y asistir directamente a las familias en los procesos de reintegración familiar; promueva la disponibilidad de formas de acogimiento alternativo en familias de acogida y en centros residenciales especializados de pequeñas dimensiones que cumplan los estándares internacionales; e impulse los procedimientos de determinación de responsabilidades sobre los hechos ocurridos en marzo 2017.

Así como las investigaciones respecto de las denuncias de violencia, explotación y trata sexual  anteriores a esos hechos, con la debida diligencia y acorde a tipos y modalidades penales que respondan a la gravedad de los mismos.

Esta tragedia es sintomática de un sistema fallido de protección a la niñez en Guatemala; para abordar esta problemática desde su base, el Estado, de modo prioritario y sin dilación, debe realizar profundas transformaciones al modelo actual, adoptando un marco normativo y políticas adecuadas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y apropiados, con un fuerte enfoque en la prevención, en los servicios en el ámbito local, y en las políticas sociales destinadas a las familias y a garantizar derechos básicos, como salud, educación y nutrición.

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