La CIDH condena la reanudación de la aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos, a más de 17 años sin realizarla

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el anuncio de la aplicación de la pena de muerte a nivel federal tras no realizarse desde marzo de 2003, por considerar que este castigo constituye una seria vulneración a los derechos humanos de las personas que se encuentran en el corredor de la muerte.

La CIDH reitera su llamado a la eliminación de esta pena, o en su defecto, a la imposición de moratorias sobre las ejecuciones como un paso hacia su abolición gradual.

De acuerdo con comunicado público del Departamento de Justicia, de fecha de 15 de junio de 2020, el Procurador General de Estados Unidos instruyó a la Oficina Federal de Prisiones el agendar la ejecución de cuatro personas condenadas a pena de muerte, a partir del 13 de julio de 2020.

El mismo comunicado establece que ejecuciones adicionales serán programadas más adelante. Las personas que serán sujetas a este castigo en las siguientes semanas son Daniel Lewis Lee, el 13 de julio; Wesley Ira Purkey, el 15 de julio; Dustin Lee Honken, 17 de julio; y Keith Dwayne Nelson, el 28 de agosto. Dichas ejecuciones se llevarán a cabo en la Penitenciaría de Terre Haute, en el estado de Indiana.

La Comisión Interamericana ha identificado a la pena de muerte como un desafío crucial para los derechos humanos durante décadas. Aunque la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena capital, una minoría sustancial la mantiene. En este sentido, la CIDH destaca que Estados Unidos es actualmente el único país del hemisferio occidental que realiza ejecuciones de personas sentenciadas a muerte.

Por su parte, la Comisión ha señalado que las principales preocupaciones identificadas en relación con la aplicación de la pena de muerte, consisten en el trato inhumano que caracteriza la permanencia en el corredor de la muerte, el riesgo de ejecutar a personas inocentes, y la arbitrariedad e injusticia en la aplicación de la pena.

En este contexto, la CIDH reitera la recomendación formulada en su informe La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: De restricciones a abolición, dirigida a la eliminación de esta pena, o en su defecto, a la imposición de una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia su abolición gradual.

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