CIDH alerta riesgo de impunidad para violaciones de derechos humanos en Bolivia y hace llamado al diálogo nacional para alcanzar una solución constitucional para la crisis

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia.

El organismo defensor de los derechos humanos, urge al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos.

“Ante la crisis política e institucional es crucial que se construya un diálogo nacional amplio, creíble y representativo para una salida constitucional para la crisis”, señalaron en un comunicado.

Según información pública, desde el 20 de octubre un total de 23 personas habrían perdido la vida en el contexto de la violencia social post electoral, 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas. Desde el inicio de la anunciada acción combinada entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas 9 muertes ocurrieron en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, donde 122 personas quedaron heridas en contexto de represión a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde la salida de ex presidente Evo Morales la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, han generado un incremento en el número de personas muertas y heridas.

“Es de particular preocupación para la Comisión el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”, advirtieron.

Asimismo, preocupan a la CIDH la situación de restricciones a la labor de periodistas y de los medios de comunicación en la última semana. Entre los hechos, se registran amenazas para el cierre de canales de televisión; retención de funcionarios; quema de instalaciones de radios; y presiones contra los trabajadores de la prensa.

“Esto ha conllevado a que el trabajo de parte de la prensa haya quedado perjudicado y se vulnere el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, en particular respecto de los episodios recientes de uso excesivo de la fuerza. El Estado tiene el deber de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Los ataques contra periodistas violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva”, apuntaron.

También la Comisión expresa su preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas en operativos para control del orden público y, en particular, para promover la seguridad ciudadana en el contexto de protestas sociales.

La Comisión recibió con profunda preocupación la información de la publicacion del Decreto Supremo de No. 4078 el mismo 15 de noviembre, respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas en el país. Según la información recibida, el Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público.

“Es de resaltar que la Corte IDH estableció que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos, por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, sentenció.

Además, preocupa a la Comisión la información de amenazas dirigidas a líderes del gobierno anterior, asambleístas y dirigentes sociales. También habrían sido amenazados funcionarios y dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Foto Diario El Litoral

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