Miguel Ángel Osorio Chong tronó contra su homólogo el senador Ricardo Monreal por acusar a gobiernos de México al servicio de un cártel de la droga, según juicio de El Chapo  

Quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reclamó al senador morenista Ricardo Monreal por las acusaciones en el juicio de El Chapo y la necesidad de aterrizar la Guardia Nacional ante lo que el político zacatecano calificó como un el gobierno mexicano que está el servicio de un cártel de droga.

Las declaraciones juramentadas en un tribunal de Estados Unidos de “El Vicentillo” Zambada en el juicio contra El Chapo Guzmán, en las que advierte que el otrora capo más buscado compró tanto a los gobiernos mexicanos, como elementos del Estado Mayor Presidencial, del Ejército, de la Policía Federal y gobiernos de los estados, han provocado un cisma entre los senadores Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) y Ricardo Monreal Ávila (Morena).

Esto luego que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, en sus redes sociales justificara la creación de la Guardia Nacional ante la infiltración del crimen organizada entre las altas esferas gubernamentales, militares y policiales.

Así reportó Ricardo Monreal en su Twitter: “De un millón de dólares al mes era la nómina del cartel de Sinaloa para el pago de altos mandos de la Policía y el Ejército mexicanos en gobiernos del PAN y el PRI, según declaraciones de testigos protegidos ante la Corte de EUA”.

El político zacatecano no dudar en advertir que el gobierno mexicano estaba al servicio de un cártel de la droga: “El gobierno mexicano, al servicio de un cartel de la droga. ¿Así cuándo iba a terminar la guerra? A México le urge un nuevo cuerpo de seguridad nacional y pública, y emprender las investigaciones pertinentes”.

A Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en la administración del priísta Enrique Peña Nieto, no le cayeron bien los comentarios de Ricardo Monreal y así reclamó: “Utilizar esto para defender una iniciativa deficiente, que vulnera los derechos humanos, y el marco legal del país; demuestra la carencia de argumentos creíbles por parte de sus proponentes”.

Añadió: “Poner en duda la lealtad de instituciones del Estado mexicano como la Policía Federal y el Ejército, fundamentándose en dichos de criminales que negociaron beneficios y protección con otros gobiernos es muy delicado y grave”.

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