CEPAD ha exigido a la LXII Legislatura del Congreso de Jalisco que asigne presupuestos suficientes para una adecuada implementación de las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición

Ante los pocos avances en los casos de tortura y las desapariciones en Jalisco, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad) ha exigido al Congreso del Estado de Jalisco más recursos para dar cumplimiento a los derechos a la verdad, acceso a la justicia marcados en las leyes de la materia.

Frente al incremento de graves violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera generalizada en Jalisco, y al estado de impunidad en el que se mantienen, es de suma importancia que la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco dote a las instituciones públicas estatales con los recursos económicos suficientes y adecuados para atender la crisis de desaparición de personas y la práctica de tortura en la entidad, así como garantizar el pleno cumplimiento de los derechos a la verdad, acceso a la justicia y reparación integral a todas las víctimas.

En Jalisco, de acuerdo con datos proporcionados por la unidad de transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2019 se contabilizan 9 mil 80 personas desaparecidas, y a pesar de que el delito de desaparición forzada se tipificó en el Código Penal desde octubre de 2013, a la fecha únicamente se cuenta con tres sentencias condenatorias en la materia.

Aunado a esto, existen diferencias importantes entre el presupuesto que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco, anunció el 7 de octubre de 2019 en el marco de la presentación de la segunda etapa de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, presentado al Congreso local el pasado 1 de noviembre.

A la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas prometió que serían asignados 121 millones de pesos, pero en el proyecto de presupuesto aparecen 93 millones 384 mil 905, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se comprometió dotar con 250 millones 300 mil pesos y en el presupuesto se asignó 247 millones 43 mil 800 pesos y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas prometió 35 millones 300 mil, pero en el Proyecto fueron asignados 24 millones ,220 mil ,661 pesos, incluso dicho monto es menor al presupuesto asignado en 2019, lo que resulta violatorio al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país.

Considerando lo anterior, es necesario que a cada institución pública se le asignen los recursos suficientes a fin de que los procesos de búsqueda, investigación, atención a víctimas e identificación forense tengan una capacidad real de responder de manera eficaz a la problemática de desaparición de personas en Jalisco, y que realmente se materialicen las partidas presupuestarias correspondientes que respondan a la gravedad del contexto, garantizando a su vez el compromiso público del gobernador Alfaro Ramírez respecto a los recursos dedicados a este tema.

Resulta fundamental asignar el presupuesto necesario a fin de que las iniciativas de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas por el Ejecutivo al Congreso de Jalisco el pasado 9 de octubre para su dictaminación, puedan ser debidamente implementadas y aplicadas tras su aprobación, y que la ausencia de recursos no sea nuevamente una excusa para no revertir la impunidad y el abandono institucional que viven miles de familiares de personas desaparecidas en el estado.

Por lo que respecta al tema de tortura, la delicada situación se puede constatar en el número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, misma que en el periodo comprendido de 1997 al 30 de septiembre de 2019 recibió un total de mil 530; de las que se desprenden más de dos mil víctimas de esta grave violación de derechos humanos, sin contar a sus familias, quienes también sufrieron los impactos.

La situación en torno a la práctica de la tortura se agrava si se considera que desde 1993, fecha en que se creó el primer marco legal que prohíbe la práctica de la tortura en Jalisco, no se ha dictado ninguna sentencia por este delito, por lo que hablamos de un 100 por ciento de impunidad.

Por ello, resulta indispensable contar con instituciones que respondan a la gravedad de la situación de la tortura en Jalisco lo cual no sucederá si las instituciones encargadas de la investigación de este delito, como lo es la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, institución encargada de realizar los peritajes y la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cuentan con los recursos económicos, humanos y materiales suficientes.

Además es importante recordarle a las y los legisladores la obligación que tienen de implementar adecuadamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual deberá traducirse en la dotación de presupuestos adecuados y suficientes.

Por lo anterior, dada la magnitud y gravedad de la desaparición de personas y la práctica de tortura en Jalisco, y en respuesta a las obligaciones constitucionales que en su calidad de representantes populares deben acatar las y los diputados en virtud del artículo 1° y los instrumentos estatales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, le exigimos a la LXII legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

  • Que se doten recursos suficientes y adecuados para la correcta implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ley General de Víctimas, así como de las tres iniciativas de ley que actualmente se encuentran bajo el proceso de deliberación y consulta en el Congreso: Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco.

Se asignen las partidas presupuestales que contemplen los recursos suficientes y necesarios para la adecuada consolidación y operación de todas las instituciones encargadas de los procesos de búsqueda, investigación de casos, atención a víctimas e identificación forense, como son a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco.

  • Se asignen las partidas presupuestales con los recursos suficientes para la adecuada creación, implementación y operación de la Fiscalía Especializada para la investigación de casos de Tortura, que permita atender e investigar de manera pronta, objetiva e imparcial los casos denunciados antes y posterior a su creación, así como de la Unidad Interdisciplinaria Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura, del Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, a fin de que sea posible llevar a cabo los peritajes necesarios para la investigación de dicho delito y la atención y reparación integral de las víctimas y sobrevivientes de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

  • Que se genere un mecanismo público que tenga el objetivo de transparentar el uso de recursos destinados a atender la problemática de graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco, contribuyendo a garantizar el principio de participación conjunta y rendición de cuentas.

Compartir