Revelaciones de la Corte Norte de Illinois contenidas en mensajes de telefonías demuestran engaños de la verdad histórica; impiden dar por concluido el Caso Ayotzinapa

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha advertido que el Caso Ayotzinapa no debe cerrarse como lo pretenden, tras darse a conocer revelaciones contenidas en el caso No. 1:14-cr-00705 de la Corte Norte de Illinois. La información de telefonía tira la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora se desprende que en la desaparición forzada de los 43 normalistas se dio la intervención del narcotráfico las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El Grupo Reforma reveló que la noche de la desaparición forzada de los 43 normalistas y en días posteriores a los hechos, hubo un intenso intercambio de mensajes de telefonía entre presuntos criminales que se encontraban en Iguala y en Chicago, Illinois, en las que se discutió información sobre los hechos e incluso se habrían enviado instrucciones importantes a los perpetradores.

De acuerdo al Centro Prodh, para las familias de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones representantes esta información novedosa es relevante porque “corrobora que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llevaba razón, respecto de la necesidad de que el Estado mexicano abriera y agotara la línea de investigación relativa al trasiego de droga de México a Estados Unidos, específicamente de Iguala a Chicago”.

Recordaron que el GIEI dio cuenta de la acusación que existe desde 2014 en la Corte del Distrito Norte de Illinois en contra de personas vinculadas a Guerreros Unidos por trasiego de droga a ese país, utilizando entre otros medios autobuses de pasajeros, acusación que es la fuente de los mensajes referidos.

Además “la nota confirma la gravedad de la demora de la PGR en solicitar esta información, la cual fue solicitada por las familias desde 2016”.

En un comunicado indicaron que el reportaje advierte que la organización criminal Guerreros Unidos, lejos de ser un grupo criminal de alcance regional, encabezado por figuras de mediana importancia con vínculos exclusivamente municipales, es en realidad una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal y cuyo organigrama real es aún desconocido.

“Ejemplo de ello es la referencia que se hace en los mensajes a su relación ilícita con el gobierno del Estado de Guerrero”, apuntaron.

Advirtieron que los mensajes también muestran la debilidad de la llamada “verdad histórica”, que presentó el entonces procurador Jesús Murillo Karam para dar carpetazo al caso asegurando que los 43 normalistas fueron asesinato y calcinados en el basurero de Cocula.

En lo que se refiere a los mensajes el Centro Prodh se refirió a los “60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro”, pues “suponiendo que la palabra ‘paquetes’ se refiera a personas, el mismo de acuerdo con las escuchas habría sido enviado el día 27 de septiembre a las 15:28 horas, lo cual entra en franca contradicción con la teoría oficial, pues de acuerdo con la PGR a esa hora los estudiantes ya habrían sido ejecutados e incinerados, mientras que el mensaje es claro en señalar que a esa hora habían paquetes guardados”.

Además destacan que se evidencia que la supuesta “infiltración” de los estudiantes nunca existió, por el contrario, desde el primer día de los hechos los emisores de los mensajes aclararon que en los autobuses había estudiantes de la normal de Ayotzinapa y apunta a que en realidad en esa noche pudieron ocurrir otros eventos de violencia aún no investigados.

“A casi 43 meses de los hechos, los mensajes confirman que el caso no puede cerrarse y que la explicación oficial que se ha dado es insatisfactoria”, advirtieron.

Para finalizar “exigimos que la PGR agote todas las líneas de investigación que surgen de los mensajes, evitando un cierre precipitado con tintes electorales y que se profundice el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la colaboración de las agencias norteamericanas”.

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