Soberanía Blindada o Exclusión Política: La Cámara de Diputados aprueba por mayoría calificada la reforma de nacionalidad única
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen de reforma constitucional que impone la nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa, emanada directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política y logró salir adelante con un respaldo de 334 votos a favor, frente a 109 votos en contra y una abstención.
El trámite en el pleno dejó al descubierto la falta de consenso respecto a las reservas presentadas por legisladores de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano sobre la denominación del proyecto, los artículos centrales y la totalidad de los artículos transitorios (del primero al sexto).
Sin embargo, ninguna propuesta de modificación prosperó: las reservas fueron retiradas, enviadas a publicación en el Diario de los Debates o bien no fueron admitidas a discusión y terminaron desechadas.
Tras desahogar la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, ordenó inscribir las propuestas restantes en el Diario de los Debates y remitió de inmediato el documento a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
El contenido del dictamen impone un estricto régimen de exclusividad nacional: los artículos 82 y 116 prohíben categóricamente que quien ocupe la Presidencia o una gubernatura adquiera, solicite o invoque ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
La prohibición abarca expresamente el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos fuera del país y el recurso a la protección diplomática exterior, sancionando cualquier contravención bajo el Título Cuarto constitucional y las normativas locales.
En esa misma línea, el artículo 122 mandata que para encabezar la Jefatura de Gobierno de la CDMX se exigirá ser ciudadano mexicano por nacimiento y renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar el registro como candidatura.
No obstante la contundencia del texto, la letra chica del régimen transitorio pospone sus efectos más inmediatos: aunque el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sus disposiciones serán aplicables formalmente a partir del proceso electoral de 2028.
Asimismo, el régimen transitorio otorga una excepción a las autoridades vigentes, al establecer que la prohibición no será aplicable a quienes ya se encuentren en ejercicio de los cargos a la fecha de entrada en vigor.
Por último, se concede un plazo de noventa días naturales al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.
