Aprueban en comisión reformas constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 127 de la Carta Magna en materia de remuneración de servidores públicos, para que ningún funcionario público pueda percibir un salario mayor al del Presidente de la República.

En el documento, avalado en lo general por 16 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, se reconoce la necesidad de hacer un esfuerzo de austeridad en México, para equilibrar las remuneraciones, en un contexto económico nacional donde prevalece la pobreza y la desigualdad, por lo que se plantea un diseño constitucional que incentiva controles sobre las percepciones de las y los servidores públicos.

Indica que el hecho de que el salario del Presidente haya disminuido, incentiva a maximizar esas conductas. Lo cual no es nuevo ni contradice la profesionalización y formación de las personas de derecho público.

La modificación propuesta al artículo 116, fracción II, cuarto párrafo, establece que corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

En el quinto párrafo plantea que los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán sus servidores públicos.

La reforma sugerida al Artículo 127 plantea agregar los términos “personas de derecho público” y “órganos” a los que la Constitución o las leyes les otorguen autonomía.

Se indica que la Comisión basó el eje del presente dictamen en la iniciativa del titular del Ejecutivo y reconoce que el objetivo es diseñar un nuevo marco constitucional a las remuneraciones de los órganos públicos y organismos constitucionales, así como a los entes públicos y personas de derecho público de las diferentes instituciones del Estado, tanto federales como locales.

Busca fortalecer la certeza jurídica sobre los límites de las percepciones en entes públicos, por lo que hace explícito que las personas de derecho público, los órganos u organismos con autonomía reconocida en la Ley Fundamental y leyes locales, así como los organismos a los que las Constituciones y legislaciones estatales les reconoce autonomía, deben establecerse en los términos del artículo 127.

Con la referencia expresa a las personas de derecho público, queda comprendida toda persona jurídica, constituida por disposición constitucional, legal, reglamentaria o normativa, cuyo destino sea el cumplimiento de una función de carácter público.

Considera oportuno esclarecer que la regulación constitucional en esta materia obliga a órganos como a organismos a los que la Constitución o las leyes otorguen autonomía.

En cuanto a la legislación secundaria, se indica que se deberá modificar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concordancia y garantía a esta reforma constitucional; además las disposiciones del Resolutivo VII de la Sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, respecto a la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley mencionada.

Al manifestar su voto a favor, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló que todo el artículo 127 hace referencia a los estados de la República, no sólo el primer párrafo, sino también sus fracciones, pero hay quienes consideran que no se especifica “y eso genera un conflicto y una situación en la cual hace tiempo estábamos de acuerdo, porque ganaba mucho, pero ahora que no gana tanto, existe el problema”.

El problema no es si se puede ganar más o no que el Presidente, abundó, sino la cuantía. “El mandatario de un país como éste no puede ganar lo que antes percibía y eso es lo que no se quiere aceptar”.

Agregó que hay funcionarios que consideran que, como no se les puede bajar el sueldo, pueden seguir ganando más que el Presidente, y otros que, teniendo derecho de iniciativa en las propuestas de presupuesto, además piden 20 por ciento de aumento.

“Ya no solamente se trata de ponerse en rebeldía ante la política salarial del gobierno actual y, por ende, a la aplicación de la Constitución; se trata de un desafío a la Cámara y como ésta no es una entidad que deba meterse en esa clase de discusiones, que francamente son bastante feas, hay que legislar”.

Propuso modificar el segundo artículo transitorio para señalar que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido en la fracción segunda del párrafo segundo del artículo 127 de esta Constitución tendrán que ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) dijo que con este dictamen se pondrá punto final a los altos privilegios en el servicio público, que debe ser una actividad honesta, no para enriquecerse a costa del dinero del pueblo, y utilizarlo para generar igualdad y justicia.

Con esta reforma se abona en la dignificación de la política y el fortalecimiento para evitar que cualquier servidor público gane más que el Presidente. “Hemos sido testigos de estrategias legales de algunos funcionarios para impedir el avance de la austeridad, pero esta reforma establecerá explícitamente la presupuestación de las próximas remuneraciones, las cuales deberán ajustarse estrictamente a esta disposición”.

La diputada Lidia García Anaya (Morena) afirmó que hay salarios de funcionarios ofensivos para los trabajadores que en ocasiones ganan, uno, dos o tres salarios mínimos, por lo que dijo estar de acuerdo con el dictamen que busca regular esta materia.

De su misma bancada, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce resaltó que esta reforma invita a reflexionar sobre los amparos en esta materia de remuneraciones y “quién puede justificar que trabaja más que el Presidente de la República y que tiene más responsabilidades que él”. Reconoció que hay aún resistencias al cambio, pero es fundamental enviar un mensaje a la población de que los salarios de lujo de los servidores públicos tienen que acabar.

El diputado Javier Salinas Narváez (Morena) refirió que en México hay regidores que se autoimponen salarios superiores a los del titular del Ejecutivo federal. “Es grotesco y es lo que estamos atacando, poniendo límites”. Dijo que México tiene los funcionarios públicos mejor pagados del mundo y hay casos de regidores que ganan más que los que su superior jerárquico. “Con esta reforma se podrán detener esos abusos, esos atracos que se hacían a la población y es un paso muy importante para normar los salarios”.

Del PT, el diputado Silvano Garay Ulloa expresó que la moderación de la riqueza y la opulencia estuvieron en la visión de Morelos, desde hace más de 200 años, en Los Sentimientos de la Nación. Añadió que las reformas en materia de condonación de impuestos, junto con esta reforma, ayudarán a combatir la pobreza de más de 40 millones de mexicanos.

De MC, la diputada Martha Tagle Martínez adelantó su voto en abstención dado que el dictamen no incluye un sistema de tabuladores para establecer sobre qué se va a fijar el tope salarial, pues ahorita hay un Presidente comprometido con la austeridad y ha decidido establecerse un salario de 108 mil pesos; pero ¿qué va a pasar si llega otro que decida ganar 500 mil y todos los demás salarios van a estar conforme al del presidente “o viceversa, como en Estados Unidos, donde el presidente dijo que va a ganar un dólar ¿qué pasaría con todos los funcionarios que estén por debajo de él?”

De su misma bancada, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz señaló que es necesario definir todas las bases y parámetros sobre los tabuladores, los montos y los estándares que se deben establecer. “La percepción que se está autoimponiendo el presidente es un referente moral y ético, pero carece de sustento jurídico y, por lo tanto, no podría ser un parámetro legal porque no está en la ley”.

Enseguida, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) dijo estar a favor de la propuesta de regular las remuneraciones de los servidores públicos. Reconoció que la decisión el Presidente manda un mensaje político y social muy valioso para los mexicanos, pero con independencia de que es una facultad que le atribuye la Constitución y la legislación secundaria, hay que profundizar más ante la posibilidad de que otro mandatario no tenga el mismo perfil o pensamiento sobre las remuneraciones de los servidores públicos.

Planteó crear una institución que determine con base en estudios técnicos el salario del Presidente de la República y, en consecuencia, tenga la posibilidad de trabajar en conjunto con cada poder público, con cada institución de la administración pública federal, organismos constitucionales autónomos y cualquier institución de carácter público.

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