Tras condenar el asesinato de Giovanni López, la ONU-DH pide al gobierno de Jalisco investigar el caso como ejecución extrajudicial

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la muerte de Giovanni López Ramírez que, de acuerdo con información oficial, habría ocurrido el 5 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad.

Es motivo de preocupación para la ONU-DH las alegaciones de que la detención de Giovanni López Ramírez ocurrió en el contexto de la implementación de medidas de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Jalisco.

La ONU-DH urge a las autoridades, encabezadas por Enrique Alfaro, a realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre la muerte de Giovanni en la que se incluyan todas las líneas de investigación, las circunstancias en que ocurrió y las violaciones de derechos humanos que se hubieran cometido, especialmente las relativas al derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza.

Al día de hoy la ONU-DH no ha recibido información que justifique el uso de la fuerza letal en este caso.

La ONU-DH recuerda a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias” –conocido como “Protocolo de Minnesota”–, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado –como fue el caso de Giovanni López Ramírez– se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario.

Adicionalmente, deberá determinarse si hay alguna medida que no se adoptó para prevenir la muerte, investigar a todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia de Giovanni López Ramírez desde su detención y hasta su fallecimiento y considerar las políticas internas, cultura institucional y fallas sistémicas que contribuyeron a que una detención tuviera un desenlace letal.

Este sentido, resultan preocupantes las aseveraciones de funcionarios estatales indicando que ya existían investigaciones penales contra elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por abusos de autoridad previos a la pandemia. Este hecho resalta la importancia de tomar medidas oportunas para erradicar prácticas abusivas en las corporaciones policiales y atender la falta de una cultura de respeto por los derechos humanos.

“En línea con la postura de las autoridades federales que de manera constante y desde sus más altos niveles han reiterado que las medidas de emergencia deben basarse fundamentalmente en la participación y la solidaridad ciudadana y no en el uso de la fuerza, aliento a las autoridades del estado de Jalisco a enviar un mensaje claro e inequívoco de que no se tolerarán violaciones a derechos humanos en la implementación de las medidas de emergencia durante la pandemia COVID-19”, expresó Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“La más clara muestra de que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas es que la muerte en custodia de Giovanni López Ramírez no quede en la impunidad”, añadió el Representante Adjunto.

La ONU-DH ha compartido con algunas autoridades federales y estatales, incluido el gobierno de Jalisco, un conjunto de “Directrices de derechos humanos para medidas de emergencia durante la pandemia COVID-19 en México”, resaltando la importancia de los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de emergencia, así como de la gradualidad en la imposición de las sanciones. Desde la ONU-DH se alienta a que dichas directrices sean tomadas en consideración.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con la familia y amistades de Giovanni López Ramírez y pide a las autoridades que se garantice su seguridad e integridad, así como la de cualquier persona que apoye públicamente las exigencias de verdad y justicia para el caso.

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