Rafael López Martínez y Alfredo Argüelles están plenamente identificados como los autores intelectuales y materiales del mega fraude en caso López Castro

Rafael López Martínez y el panista Alfredo Argüelles Basave están plenamente identificados como los autores intelectuales y materiales del mega fraude de 100 millones en el Caso López Castro contra el Congreso de Jalisco. Prometieron recuperar compensaciones por el pago de impuestos, cuando el Poder Legislativo ni siquiera reportaba dichos gravámenes al Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

Así lo dio a conocer el diputado local Víctor Sánchez Orozco, quien advirtió sobre las sospechas de que el ex secretario general en la LVIII Legislatura, recibió a cambio de fraguar el fraude con daño el erario pública del Congreso dos terrenos en Valle Real, dado que fueron cedidos por la sobrina de Rafael López, Bárbara López Campos.

Lo anterior es afirmado, luego que rastrearon el nombre de Juan Coker García, vendedor de terrenos, y que fue buscado en el Registro Civil y arrojó una búsqueda de no existencia, por lo que presumen de un apersona ficticia, por medio de la cual pagaron el favor al panista Alfredo Argüelles Basave.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que desde el 2012 en que se interpusieron las denuncias el Ministerio Pública y la Fiscalía no ha hecho ninguna actuación, pese a que se está demostrando un fraude perpetrado al Congreso, incurriendo en delitos como la simulación de actos jurídicos.

De acuerdo a las pruebas que presentó Sánchez Orozco y que tiene en su poder la Fiscalía Central, representada por Rafael Castellanos, Rafael López Martínez y los diputados involucrados en el fraude de la LVIII y LIX Legislatura usaron el nombre de Sergio Juárez Rivera, a quien señalaron como apoderado legal y quien ante la autoridad judicial ya reconoció que desconocía que habían tomado su identidad para fraudear el Congreso y por ende falsificaron su firma.

Además se hacen observaciones por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en la cuenta pública del 2009, en la que se observa que de acuerdo al decreto 2008 de la Federación para adherirse a la condonación de impuestos, la Comisión de Administración -que presidía en la Legislatura LIX Patricia Retamoza Vega- debió lanzar una convocatoria para elegir la empresa consultora pero fue directamente elegida por Alfredo Argüelles y por los diputados de la Comisión de Administración, que estaba a cargo de Jorge Arana Arana, hoy presidente municipal de Tonalá.

El diputado denunciante volvió a señalar a los principales culpables del fraude contra el Congreso, a parte de la Consultora López Castro, los diputados de la LVIII Legislatura: Jorge Arana, Samuel Romero Valle, Luis Manuel Fregoso, Alfredo Zárate y Lorenzo Moccia.

De la LIX Legislatura: Raúl Vargas López, Enrique Aubry de Castro Palomino, Isaías Cortés Berumen, Patricia Retamoza, Gustavo Macías Zambrano y Omar Hernández.

Cabe recalcar que en la declaración ministerial, la hoy diputada federal Patricia Retamoza Vega, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advierte que desconoce el convenio que firmaron con López Castro y que además desconoce la firma plasmada a su nombre en dicho documento.

Víctor Manuel Sánchez OrozcoVíctor Sánchez demandó de la Fiscalía General actuar de inmediato, antes que la Consultora López Castro cobre los 100 millones de pesos, por lo que también pidió al Poder Ejecutivo, representado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, parar el megafraude.

Cabe mencionar que desde la Fiscalía se han rehusado a realizar los estudios de grafocospía de las firmas que están plasmadas en el convenio de López Castro y el Congreso de Jalisco para identificar su autenticidad.

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