Siete madres han llevado el caso de sus hijas desaparecidas en Ciudad Juárez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de justicia en México

Ante la denegación de justicia por parte de los gobiernos federal y estatal, siete madres acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la desaparición de sus siete hijas en Ciudad Juárez.

Según lo informado, este caso de las siete mujeres desaparecidas se dio en un lapso de marzo a julio del 2011 y a seis años de distancia las autoridades estatales y federales no han presentado ningún avance y se presiente que estos expedientes ya se encuentran en la congeladora.

En sus argumentos advirtieron que el Estado mexicano no ha investigado, ni ha adoptado ninguna medida para dar con el paradero de las siete mujeres, aun cuando cuenta con serios indicios de que su desaparición pueda estar vinculada al delito de trata de personas.

Estos son los nombres de las siete mujeres desaparecidas: Marisela González Varga de 26 desapareció el 26 de mayo, Gabriela Espinoza Ibarra de 19 años de edad desapareció el ocho de marzo del 2011, Grisel Paola Ventura Rosas el 16 de junio, Diana Rocío Ramírez de 18 años salió de su casa el primero de abril, Jéssica Ivonne Padilla Cuéllar de 16 en julio, Janeth Paola Soto Betancourt del 19 al 23 de mayo  y Nancy Iveth Navarro Muñoz el 18 en julio, todas del 2011.

Para hacer la denuncia ante la CIDH, los siete casos fueron representados por la organización Robert F. Kennedy Human Rights junto con el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC).

Dichas organizaciones han advertido que “el Estado sigue manteniendo los casos de violencia contra mujeres en Ciudad Juárez en total impunidad”.

Dichos organismos denunciaron que las desaparición de estas siete mujeres “expone las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, y protección y garantías judiciales, entre otros derechos reconocidos en la Convención de Americana sobre Derechos Humanos, y cuya garantía viene reforzada por las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará”.

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