23 de junio de 2017

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Publicado por en 2 may 2016 en ,, Nacional | sin comentarios

PROTECCIÓN DE DATOS Y ANTICORRUPCIÓN AUSENCIA DE LAS AUTORIDADES: AMEDI

PROTECCIÓN DE DATOS Y ANTICORRUPCIÓN AUSENCIA DE LAS AUTORIDADES: AMEDI

Protección de datos, anticorrupción y leyes de transparencia locales, ausencia de las autoridades: AMEDI

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), a través de su Consejo Consultivo, Capítulos estatales y Comité Directivo, manifiesta lo siguiente:

1. En términos de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Legislativo Federal aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Amedi reconoce esta labor realizada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión dentro del plazo establecido por la propia Ley General, a pesar de que varios puntos a discusión ya no fueron incluidos en la redacción final.

2. Con la aprobación de este instrumento jurídico, se completa el proceso de consolidación normativa de la reforma constitucional en materia de transparencia.

3. No obstante lo anterior, la Amedi solicita a la Cámara de Diputados celeridad en el proceso de aprobación de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (aprobada por el Senado el jueves 28 de abril) y de la Ley General de Archivos.

Filtraciones como la del Padrón del Instituto Nacional Electoral en posesión del partido Movimiento Ciudadano (que involucró datos personales de 93 millones de mexicanos), evidencian la necesidad de contar con una legislación robusta que proteja la privacidad y los datos personales de los individuos y sancione las violaciones que sobre ellos se cometan. La ley debe reforzar los llamados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), evitar la intervención arbitraria de la autoridad, informar y notificar a los afectados.

Al mismo tiempo, revelaciones como los Papeles de Panamá también sugieren que la protección de la privacidad no debe impedir el conocimiento de asuntos de auténtico interés público.

Sociedades cada vez más conectadas y digitales potencian los derechos fundamentales pero también ponen en riesgo la información que circula por las redes o que almacenan gobiernos, instituciones y empresas. Sería deseable que la nueva ley, aplicable al ámbito público (pero que inevitablemente se relaciona con el privado, si se consideran las transacciones entre gobierno y empresas), contemplara este factor tecnológico, como ha ocurrido en otros países.

4. La Amedi también exhorta al Legislativo Federal a aprobar, a la brevedad, la legislación en materia de combate a la corrupción, la cual está íntimamente ligada con el tema de la transparencia. La sociedad demanda mayor honestidad, rendición de cuentas y sanciones para las autoridades, funcionarios públicos y representantes políticos que cometan actos de corrupción, así como a personas físicas y morales que la fomenten o se beneficien de ella. La ciudadanía ha tomado la delantera en la lucha contra la corrupción y el Congreso está obligado a tomar en cuenta la iniciativa #3de3, actualmente en discusión en el Senado de la República.

5. El artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento jurídico y hasta el 5 de mayo próximo, para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen las leyes relativas en materia de transparencia con lo establecido en la propia Ley General.

La Amedi hace un llamado enérgico a las autoridades de los estados de la República que todavía no cumplen los extremos jurídicos establecidos, para que a la brevedad armonicen su normativa a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En algunos Congresos locales ha prevalecido el desinterés, la opacidad, la resistencia e incluso el rechazo para que organizaciones de la sociedad civil participen del debate, discusión y elaboración de las leyes de transparencia locales. Tal es el caso del Congreso poblano, donde el Capítulo Puebla de la Amedi ha denunciado la opacidad y ha defendido el derecho de acceso a la información de los poblanos con propuestas e iniciativas concretas.

Están pendientes de legislar en la materia otros 20 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Al día de hoy sólo 12 estados de la República Mexicana han homologado su legislación en los términos planteados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.


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