En el tercer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, no hay justicia y WOLA advierte que el Caso Ayotzinapa pone en duda compromiso de México con los derechos humanos

Washington, DC.-Tres años después de que las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaran un violento ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, México, el gobierno mexicano aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que sucedió con los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre del 2014.

El gobierno tampoco ha identificado y condenado a los responsables del crimen, y no se ha investigado a los funcionarios que manejaron el caso y que pueden haber obstruido la justicia.

[pullquote]Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, el progreso injustificadamente lento en un caso tan destacado pone en duda el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y el Estado de derecho, y destaca la necesidad urgente de seguir apoyando a las familias de los estudiantes en su búsqueda de la verdad y la justicia.[/pullquote]

“Es injustificable que el gobierno mexicano no proporcione respuestas a las familias sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, dijo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México en WOLA.

“La falta de progreso en un caso que el gobierno mexicano ha calificado como ‘la investigación más exhaustiva en la historia de México’, junto con la creciente evidencia de que funcionarios públicos obstruyeron la justicia y obstaculizaron la investigación, ha llegado a demostrar la impunidad generalizada en el problemático sistema de justicia penal en México y la falta de voluntad política del gobierno para investigar y sancionar con credibilidad violaciones de los derechos humanos”.

Mientras que la teoría principal del gobierno mexicano es que un grupo de la delincuencia organizada mató y quemó a los 43 estudiantes en un basurero, los expertos independientes han encontrado lo contrario. Esto incluye el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2014 para brindar asistencia técnica al gobierno mexicano con la investigación del caso Ayotzinapa.

En su informe final publicado en abril del 2016, el Grupo de Expertos describió las inconsistencias y negligencias que marcaron la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

El informe concluyó que la hipótesis del gobierno sobre lo que le sucedió a los estudiantes era científicamente imposible y se basa en gran parte en testimonios obtenidos mediante tortura. Además, el informe describe varias líneas importantes de investigación que deben aclararse en el caso de Ayotzinapa, incluyendo la posibilidad de que los estudiantes fueran atacados porque viajaban, sin saberlo, en un autobús que contenía heroína con destino a los Estados Unidos.

En su informe final, el Grupo de Expertos emitió recomendaciones específicas sobre cómo el gobierno mexicano puede mejorar su enfoque de las investigaciones criminales (incluyendo alejarse de la dependencia excesiva del uso de testimonios como evidencia).

También enfatizaron la necesidad del gobierno mexicano de adoptar un marco jurídico más adecuado para responder a las desapariciones generalizadas en el país. El mes pasado, la CIDH expresó su profunda preocupación por la falta de progreso del gobierno mexicano en la emisión de esa ley, así como por su incapacidad para explorar de manera completa y creíble las otras líneas de investigación identificadas por el Grupo de Expertos en el Caso Ayotzinapa.

“Más de 32 mil personas han desaparecido en México en la última década”, dijo Meyer.

Ayotzinapa“Si el gobierno mexicano está arrastrando los pies para que se haga justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa con todo el mundo viendo, es desgarrador pensar en cuántos más de los desaparecidos enfrentan un destino similar. Ninguna familia debe tener que afrontar otro año sin saber qué pasó con su ser querido. El gobierno mexicano no sólo debe investigar el caso de los 43 estudiantes, sino también garantizar la justicia para todas las víctimas desaparecidas y sus familias”.

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